Agencias

El diputado federal de Morena y exdirigente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Irán Santiago Manuel, propuso reformas a los artículos 3 y 73 de la Constitución para demandar la desaparición del recién creado Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), el cual evalua la calidad, el desempeño y resultados del sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior.

En el documento, que fue enlistado en la Gaceta Parlamentaria este jueves, describe que con las modificaciones hechas no se alcanzó una Reforma Educativa, sino una rectificación de la gobernabilidad del sistema educativo y, por lo tanto, “un instrumento represor para castigar y despedir a los maestros que han dedicado toda su vida a esta noble actividad”.

El documento que elimina varios aspectos de los artículos 3 y 73 de la Constitución, deroga el numeral IX que dice actualmente: “Para garantizar la prestación de servicios educativos de calidad, se crea el Sistema Nacional de Evaluación Educativa. La coordinación de dicho sistema estará a cargo del INEE. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación será un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio”.

También se derogan los incisos en los que se detallan los procedimientos para evaluar la calidad, el desempeño, y los resultados del sistema educativo para preescolar, primaria, secundaria y media superior.

“La primera de las razones que justifican el rechazo de lareforma educativa, fue que se hizo con un total desconocimiento del asunto, sin consultar a quienes verdaderamente conocen la educación pública en México: los especialistas, los propios maestros y los padres de familia”, detalla uno de los argumentos.

“Es por ello, que se requiere replantear nuestra lucha político-sindical unida a una lucha contra las reformas educativasneoliberales. Para ello, se debe definir un proyecto de educación alternativa y una postura democrática en donde se dé la participación de padres de familia y alumnos con el liderazgo de los maestros en cada escuela, comunidad y región, además no permitir que la Ley General de Educación, ni la Ley General del Servicio Profesional Docente sigan atentando contra sus derechos laborales”, define otro argumento