Xalapa- 2018-10-0312:17:03- Ariadna García

 

La coordinadora de la asociación civil Equifonía, Araceli González Saavedra, admitió que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la reforma al Código Penal en materia de aborto en el estado Veracruz podría tardar más de seis meses pero con ello, de ser a favor, el Congreso estará obligado a cumplirlo.

 

En entrevista dijo esperar que con la entrada de los legisladores locales de Morena se pueda dar cumplimiento a las recomendaciones de la Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado, lo que no se hizo en la actual Legislatura.

 

Explicó que el proceso que se sigue en la SCJN obedece a que el Congreso solicitó a la Corte atraer este tema, como un método para retrasar la reforma que forma parte de las observaciones de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).

 

“El Congreso del Estado hizo lo que ha hecho desde que se emitió el informe de la Alerta de Género por agravio comparado, negarse a cumplir las recomendaciones. Al pedir que el tema lo atraiga la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo que está haciendo es dando largas a una serie de medidas que deben aprobar”, señaló.

 

Pese a ello recordó que en agosto los grupos solicitantes de la Alerta de Violencia de Género por agravio comparado se adhirieron a la solicitud de los diputados, pues consideran que de otra manera no será posible reforzar el Código Penal, con el que se busca proteger a las mujeres en materia de salud.

 

“Está dando largas, pero nosotros nos adherimos y solicitamos que la Corte lo atraiga porque nos queda claro que en el Congreso local, al menos en esta Legislatura, es algo que no van a realizar”, señaló.

 

Explicó que una vez que la Corte se pronuncie a favor, el Congreso local estaría obligado a hacer las reformas pertinentes.

 

González Saavedra explicó que no se trata de eliminar el delito de aborto, pues lo que establece el informe de la Conavim es que se modifique el tipo penal y que sea delito a partir de la semana 12 de gestación, que aunque no es suficiente representaría un avance pues en la entidad no se tiene la causal de salud contemplada en el Código Penal para acceder a la interrupción legal del embarazo.

 

 

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