Al presentar los resultados, el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Héctor Díaz Santana, dijo que la compra y coacción del voto siempre ha sido un fenómeno muy difícil medir.

Se presentó “El Estudio para el Diagnóstico de las Prácticas de Compra y Coacción del Voto en el marco de los comicios electorales de 2018 en México”.

Germán Pérez Fernández, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y responsable del estudio, dijo que se realizaron mil 943 entrevistas en todo el país, en donde el 44% de la población aceptó que le ofrecieron algún bien o algún favor a cambio de su voto, pero que al momento de entrar a la casilla, su voto fue diferente.

Se trató de una encuesta que se realizó después de la jornada electoral del primero de julio, en el que se determinó que durante la elección sí hubo gente que aceptó regalos o despensas, pero su voto fue diferente al que habían prometido.

El fiscal para la Atención de Delitos Electorales dijo que esta práctica ilegal se presentó, principalmente, en comunidades en donde hubo poca votación.

“En este proceso electoral lo que nos dice el estudio es que no tuvo un efecto tangible y que los posibles efectos se dieron más en localidades de pequeños o de pocos electores”, señaló Héctor Díaz Santana.

Por otra parte, dijo que ya presentó un anteproyecto de ley para que se legisle en materia electoral, en donde se pide castigar con mayor severidad delitos que se cometieron durante la pasada jornada electoral como las firmas falsas de candidatos independientes y la violencia de género.

“Esta iniciativa es de mayores tipos penales, ustedes saben que la presentación de firmas por candidatos independientes no está tipificada como delito, ya se está planteando, otro de los temas es la violencia política de género que para nosotros es fundamental”, afirmó el fiscal.

 

 

Dijo que también se está pidiendo que se castigue con mayor severidad las amenazas e intimidaciones, así como los casos graves de corrupción con el uso de recursos públicos en el marco de una jornada electoral.

 

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