El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) que transparente la investigación sobre los actos de corrupción en los que incurrió la empresa brasileña Odebrecht en México.

Inesperadamente, el INAI revirtió la negativa de la PGR a informar sobre las actuaciones de sus agentes, los avances y el estatus de la investigación, pues el instituto consideró que se trata de un tema de “interés público” vinculado con investigaciones en las que “se presumen delitos que implican actos de corrupción”.

Consecutivamente, la PGR se negó a proporcionar información sobre el caso Odebrecht, bajo el pretexto de que se trataba de un expediente abierto. En abril pasado, la institución incluso rechazó la petición del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), que le exhortaba a revelar detalles sobre el mismo.

Cerca de dos años después que las justicias de Estados Unidos y Brasil revelaran que Odebrecht pagó sobornos millonarios en México, y un año después de que el ex procurador Raúl Cervantes Andrade anunciara que la investigación había concluido, la PGR sigue sin resolver el caso.

En la investigación de este caso, altos directivos de Odebrecht reconocieron ante la justicia de Brasil que pagaron 10.5 millones de dólares en sobornos a Emilio Lozoya Austin mientras ése coordinaba los asuntos internacionales de la campaña presidencial de Peña Nieto y, posteriormente, como director general de Pemex.

Mediante una serie de testimonios videograbados, afirmaron que realizaron los pagos a través de cuentas bancarias offshore a cambio de contratos de obra pública, lo que Lozoya siempre negó.

El pasado 29 de agosto, Héctor Díaz Santana, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) –que investiga el caso, por el posible uso del dinero de Odebrecht en la campaña de Peña Nieto–, aseveró que la investigación “sigue su curso” y que las autoridades seguían “en espera de colaboraciones internacionales”.

La Secretaría de la Función Pública (SFP), por su parte, presumió que gracias a sus acciones, México resultó el primer país en inhabilitar a la empresa brasileña, a la que además multó por un total de mil 86 millones de dólares, lo que representa la sanción más alta de su historia.

El periódico Reforma informó que, en diciembre pasado, Lozoya pidió a la PGR que cite a comparecer a Miguel Messmacher Linartas, Rafael Murrieta Cummings, Mario Beauregard Álvarez, Víctor Díaz Solís y José Fortunato Álvarez Enríquez para que expliquen por qué Odebrecht obtuvo los contratos para la refinería de Tula sin pasar por un proceso de contratación.

Messmacher –ahora subsecretario de Hacienda y Crédito Público—, Murrieta, Beauregard, Díaz y Fortunato formaban parte del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de Pemex cuando se adjudicaron los contratos a Odebrecht.

Con información de Proceso