Este lunes inicia en la Corte la discusión sobre la constitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior y así, vuelve la controversia por la actuación de las Fuerzas Armadas en el combate a la inseguridad.

Para los militares es urgente que se defina un marco legal para las tareas de seguridad pública que llevan a cabo desde hace 10 años, pero para organizaciones civiles de Derechos Humanos abre la puerta a la militarización.

Con el inicio de la discusión sobre la Ley de Seguridad Interior en la Suprema Corte de Justicia de la Nación se reaviva el debate sobre el impacto que tendrá la implementación de la legislación no sólo en materia de seguridad sino también en otras vertientes como los derechos humanos o el derecho a la privacidad.

Los ministros del máximo tribunal constitucional del país iniciarán este lunes el análisis del proyecto elaborado por el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo a partir de diversas impugnaciones presentadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y por diputados y senadores de la anterior legislatura.

El análisis iniciará en medio de un ambiente de ‘polarización respecto a la ley, con presión por parte de diversos organismos de la sociedad civil por un lado, de las fuerzas armadas por el otro, y todo ello en un contexto de violencia como no se había visto en la historia reciente del país

La propuesta, presentada hace unas semanas por el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo propone declarar la invalidez de porciones o la totalidad de 15 artículos de 34 que componen la Ley.El proyecto señala que la legislación, en su mayoría, no viola la Constitución ni ocasiona una militarización de la seguridad pública del país,  siempre y cuando la intervención de las Fuerzas Armadas se limite a situaciones graves y excepcionales, y a petición de los gobiernos locales.

“No sólo es constitucional la participación de las Fuerzas Amadas en auxilio o apoyo de las autoridades civiles, sino que es necesaria para salvaguardar el orden jurídico emanado de la propia ley fundamental. En tiempo de paz los militares están constitucionalmente facultados para auxiliar o apoyar a las autoridades civiles, a petición expresa de ellas y sin usurpar su esfera de competencia”, concluye la propuesta.

Pardo Rebolledo asegura que la actuación de las Fuerzas Armadas no está condicionada al estallido de una guerra o a una suspensión de garantías pues, como fuerza pública, está constitucionalmente facultada para salvaguardar la seguridad interior.

En su proyecto expone que no sólo es constitucional la participación de las Fuerzas Armadas en auxilio o apoyo de las autoridades civiles, sino necesaria para salvaguardar el orden jurídico emanado de la Carta Magna.

“Las Fuerzas Armadas pueden aun en tiempos de paz tener funciones distintas a las estrictamente militares, y es que precisamente la disciplina de estas fuerzas, es lo que permite que las mismas actúen en auxilio de las autoridades civiles en situaciones extraordinarias”, señala.

Por otra parte, también busca dar un revés al Inai y otros órganos autónomos estatales, pues en su propuesta sostiene que éstas tienen el deber de proporcionar la información que se encuentra a su resguardo, requerida por las autoridades en materia de seguridad interior.

Sin embargo, entre lo que se propone invalidar por violar los derechos humanos, destacan el concepto de uso legítimo de la fuerza, así como la exclusión de ciertas movilizaciones ciudadanas no previstas en la Carta Magna.

Sobre esto, se perfila la declaración de invalidez del artículo que señala que “las movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político electoral que se realicen de conformidad con la Constitución, bajo ninguna circunstancia serán consideradas como amenazas a la seguridad interior, ni podrán ser materia de declaratoria de protección a la seguridad interior”.

Lo anterior, porque podrían darse movilizaciones que se “estimen” no cumplen con los requisitos constitucionales, que puedan ser consideradas amenazas a la seguridad interior e incluso sujetas a una declaración de seguridad interior, sin que exista justificación para dicha diferenciación.

 

Con información de Excelsior/AGENCIAS