Por Juan Ignacio Martínez Franco

Bajo el contexto social actual y dadas las condiciones por las que traviesa el estado mexicano, como la falta de empleo, altos índices de delincuencia, economía baja o estancada, actos probados de corrupción desde el sector público, por supuesto que lo deseable es una desesperada y pronta transformación. Bajo ese discurso en las campañas electorales de este 2018 se vendió la idea revolucionaria de una cuarta transformación, lo que ahora poco a poco se comienza a ver como una acarreada de agua para molino propio, misma que se vendió a las clases sociales que más sufren los embates de los fenómenos sociales por falta de eficiencia de los servidores públicos que dirigen las instituciones de los tres poderes y de los tres órdenes de gobierno.

El fin de realizar consensos, plebiscitos y referéndums en lo específico parece un mecanismo óptimo para hablar de progreso hacia una democracia participativa cercana a la ciudadanía, sin embargo, se debe partir del supuesto de que todas las acciones de los actores políticos y servidores públicos deben realizarse observando el marco constitucional, en ese sentido, realizar a nivel nacional una consulta para ver quienes están a favor y quienes están en contra de la construcción de un aeropuerto, con independencia de las irregularidades, falta de imparcialidad y de trabajo coordinado con las entidades especializadas en consultas, estadísticas o censos, va despejando lo que parece será el camino en la toma de decisiones de la nueva administración federal y por ende de las locales.

Si bien, de la administración saliente no se puede aplaudir la actuación, cierto es también que desde diferentes instituciones gubernamentales de la Federación y de las Entidades Federativas se fueron impulsando múltiples y variadas políticas públicas para potenciar la transparencia y la rendición de cuentas en aras, ni siquiera de erradicar la corrupción, sino por lo menos disminuirla y en el último de los casos, detectar a los servidores públicos que incurren en actos de corrupción, aunque para la imposición de sanciones administrativas o penas privativas de la libertad corporal de los inculpados aún se carezca de instituciones de procuración y administración de justicia eficientes.

La consulta nacional para determinar – en palabras comunes – quien quiere y quien no, que se construya un aeropuerto, por la forma como se ha realizado da cuenta de que el gobierno entrante, o desconoce la especialidad de instituciones públicas, entidades académicas, incluso ONG´s para poder realizar una verdadera consulta – lo cual no creo – o desconoce también todo el engranaje que se ha venido construyendo para que todos los actos de las dependencias y sus titulares sean transparentes – lo que tampoco creo- por ello, lo que se vislumbra es una forma autoritaria de legitimar la decisión del próximo titular del Poder Ejecutivo.

Bajo esa hipótesis, de desconocer a los especialistas y a las entidades públicas, desde antes de tomar posesión, bien puede acarrear que en los próximos seis años veamos un derrumbamiento de los sistemas nacionales de transparencia, anticorrupción y fiscal, dado que desde los poderes ejecutivo y legislativo se está viendo una falta de apego a las políticas emitidas por dichos sistemas, pero sobre todo a las condiciones establecidas en la Constitución, lo cual también se justifica por la intención de disminuir el presupuesto a diversas entidades gubernamentales, donde se ha hecho énfasis en que dicha disminución va directo a los órganos que conforman los sistemas ya aludidos.

En ese sentido, es indispensable que los ciudadanos seamos muy cuidadosos de cómo se van a implementar, validar y aplicar las políticas públicas de estado, ya que si las acciones se empiezan a desarrollar a capricho de quien está en el poder, lo que estaremos viendo será una nueva forma de gobierno, efectivamente transformado, pero sin que sirva o beneficie en la transformación de la sociedad y abone al progreso social, económico, cultural, educativo, laboral y muchos otros más que son urgentes para devolver la estabilidad social a los ciudadanos mexicanos.