Después de la radical reversa a la llamada “nacionalización bancaria” implementada en 1982, en el último mes de su gobierno por José López Portillo, los bancos en este país han funcionado bajo el amparo de una legislación que los privilegia en detrimento de los usuarios del servicio. México ha sido un auténtico paraíso bancario que les produce ganancias inalcanzables en otras partes del planeta. Esa condición de usura inspiró la iniciativa de senadores de MORENA para disminuir y/o eliminar excesos bancarios: pingues comisiones por disposición de efectivos o cobro de elevados intereses por retraso en el pago. Pero, sensibles a cuanto afecte sus intereses, tal iniciativa provocó una drástica caída de la Bolsa de valores mexicana y detuvo eventualmente el proceso legislativo, cuya implementación revela ausencia de cabildeo con los sectores afectados, causada bien por la soberbia del poder o por las prisas para iniciar en diciembre próximo con el andamiaje jurídico ad hoc para el cambio y la transformación.