México es el país que tuvo el número más alto de conflictos sociales de la industria minera en Latinoamérica, con 45 de los 254 incidentes registrados en la región desde 1998. Según lo publicado por el diario ElFinanciero, con ello superó a Chile con 43 reportes, Perú con 39, Argentina con 29 y Brasil con 26, de acuerdo con los datos del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL).

Impulsados por esta problemática, legisladores de Morena presentaron el pasado martes una iniciativa de reforma a la Ley Minera, que de aprobarse, otorgaría mayores facultades a la Secretaría de Economía para cancelar concesiones en el sector cuando generen conflictos sociales y ambientales.

“Hay una falta de Estado de Derecho en México para la minería, si a eso le añades más normatividad, más situaciones de tramitología minera y más trámites, pues definitivamente mermas la inversión en el sector. Si vemos a las grandes empresas afectadas por esta situación, esto terminará matando al pequeño minero”, advirtió Alberto López, director general de minería del gobierno de Sonora.

Una encuesta de KPMG realizada a las mineras sobre los principales riesgos para su actividad, ubica a la relación con las comunidades y la llamada “licencia social” para operar como la cuarta preocupación más importante que tienen.

Al respecto Mario Hernández, Socio Líder del segmento IMMEX de KPMG, explicó que la propuesta de cambios a la Ley Minera atiende a los reclamos sociales, tanto de sindicatos, como de las comunidades donde se ubican las minas.

“Hay que tomar en cuenta que estas personas (de las comunidades) ven a las mineras como un ingreso, pero también como un riesgo, el gobierno lo que hace es responder a un reclamo social y regular las concesiones”, opinó Hernández.

Sin embargo, para la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), la iniciativa de reforma de Morena no cumple con las expectativas de grupos que confrontan a este sector en el país.

“No nos interesa legislar una minería adecuada y responsable o verde o socialmente justa, queremos que se larguen de los territorios (…) si consideramos que hemos tenido hasta 36 mil concesiones y ahora aproximadamente 25 mil, es ‘normal’ que haya tantos conflictos pero analizados desde diferentes perspectivas”, apuntó REMA.

Con información de ElFinanciero