El titular del Orfis, Lorenzo Portilla, deslinda la actuación del órgano fiscalizador de las acciones de la legislatura posteriores a la presentación de sus informes sobre Cuentas Públicas, punto hasta donde llega su responsabilidad fiscalizadora, pues a partir de esa fase todo corre a cargo de la Comisión Permanente de Vigilancia. Es decir, respecto a la Cuenta Pública 2017, si existen diferencias entre lo reportado por el Orfis y lo que se publica en el Decreto 784, “el Orfis no tuvo participación alguna en los acuerdos tomados en el interior de la Comisión Permanente de Vigilancia…”. Y porque existe “sospechosismo” de “mano negra” para alterar la información del Orfis, el Comité Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción, por voz de su titular, Sergio Vázquez Jiménez, presentó una denuncia ante la Contraloría Interna del Poder Legislativo para revisar los motivos por los cuales los legisladores de la anterior legislatura solventaron el daño patrimonial registrado por el Orfis en la Cuenta Pública 2017. Ni más ni menos como ya hizo la Cámara federal de diputados al devolver la Cuenta Pública 2016 para su revisión a la Auditoría Superior de la Federación.