Andrés Manuel López Obrador se propuso ayer, con la presentación del Plan Nacional de Paz y Seguridad para los próximos seis años, la meta más grande y ambiciosa que enfrentará su gobierno: devolver la paz y la tranquilidad a los mexicanos.

Para lograrlo, su estrategia parte de un cambio de paradigma que modifica el concepto de ‘la guerra contra las drogas’, política belicista y policial seguida y fracasada por los dos últimos gobiernos, para enfocarse en la ‘lucha por la paz’, que modifica prioridades: en vez de detener capos y delincuentes de cárteles (‘que no ha podido derrotar el gobierno’) el acento está en detener la ola de violencia y muerte que recorre el territorio nacional y recuperar el control de la seguridad por parte de un Estado que crearía un ‘Consejo para la Construcción de la paz’ que impulsará estrategias para el ‘desarme’ y ‘reducción de penas’ para criminales que se entreguen, además de una “amnistía condicionada al perdón de personas o colectividades que fueron afectadas y proponiéndoles un cambio de vida”. Un Estado, según el próximo secretario de Seguridad federal, Alfonso Durazo, que no sólo persiga al crimen sino que también garantice el derecho a la vida, el acceso a la justicia, la protección de los derechos humanos, el fin de la impunidad y el castigo a la corrupción con una nueva ética de la vida pública.

Sin embargo, todos esos enunciados escuchados ayer en los discursos del presidente electo, de su equipo de seguridad y líderes de las mayorías en el Congreso, y que proponen un nuevo enfoque y nuevos objetivos en las políticas de seguridad federal, se ejecutarán con el mismo método también utilizado en los últimos doce años: apoyo de las fuerzas militares como pilar de la estrategia contra la violencia y la inseguridad.

Y ahí es donde el cambio de paradigma no necesariamente corresponde a un cambio de método, porque nuevamente el Ejército y la Secretaría de Marina aparecen como los pilares iniciales del plan para recuperar la paz y la seguridad perdidas, que plantea incluso modificar la Constitución para legitimar la participación castrense en las labores de seguridad con la creación de una nueva corporación de policía cívico-militar: la Guardia Nacional que se plantea como el nuevo cuerpo de élite con 50 mil integrantes que provendrán del Ejército (Policía Militar), de la Marina (Policía Naval) y de la Policía Federal.

El uso de las fuerzas militares en su nueva estrategia de seguridad y paz, fue explicado ayer por el presidente electo con el argumento de que en las policías civiles ‘hay mucha descomposición y falta de profesionalismo’, y con elogios a ‘la honestidad y el liderazgo’ de los dos nuevos titulares del Ejército y Marina en su gobierno, el general Luis Sandoval y el almirante Rafael Ojeda. “Me da mucha tranquilidad, así lo digo, el que tengamos la colaboración del general… Sí vamos a dar un giro gradual, poco a poco, al Ejército, que no sólo siga atendiendo lo relacionado con la Defensa Nacional, sino que nos ayude también el Ejército, de manera legal, a la seguridad interior y pública; para eso se necesita un dirigente, un líder en el Ejército, por eso se decidió por el general. Es un hombre honesto, incorruptible”.

Entonces, nuevos paradigmas, nuevo enfoque, pero el mismo método de militarización de la seguridad federal con controles y capacitación civiles. ¿Dará un resultado distinto a partir del 1 de diciembre? Ese es el reto más difícil que tiene frente a sí López Obrador, que antes fuera un crítico férreo de la participación castrense en la seguridad pública.