La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó siete nuevas denuncias penales ante la Procuraduría General de la República (PGR) por asignaciones directas de contratos presuntamente irregulares entre las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol), y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), y diversas universidades y sistemas públicos de radio y televisión, equivalentes a mil 901 millones de pesos, los cuales podrían involucrar a Rosario Robles, quien ha sido titular de ambos organismos.

Durante la presentación de la segunda entrega de informe individuales de la Cuenta Pública 2017, en la Cámara de Diputados, el titular de la ASF, David Colmenares Páramo, indicó que las denuncias están vinculadas con contrataciones realizadas al amparo del artículo 1º de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASP).

Al detallar el tema, explicó que seis de las siete denuncias involucran a la Sedatu por contratos con la Universidad Politécnica de Quintana Roo (97.27 millones de pesos), el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (uno de 450.06 y otro de 356.56), la Universidad Politécnica de Chiapas (186.11), Televisora de Hermosillo (271.89) y la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero (185.84).

Cinco de esos contratos corresponden a las Cuenta Pública 2016 y uno más a la de 2015.

La séptima denuncia penal corresponde a la Cuenta Pública 2014 y se refiere a un convenio celebrado entre la Sedesol y Radio y Televisión de Hidalgo, por un monto de 353.65 millones de pesos.

En total, subrayó la ASF, las siete denuncias se suman a otra 30 que se relacionan con contrataciones celebradas por diversas dependencias y entidades con universidades públicas, en el contexto del ya mencionado artículo 1º de la LAASP, por un monto aproximado de 5 mil millones de pesos.

Este segundo bloque de informes, sumado al del mes de junio, equivale al 61.6 por ciento del total de revisiones que actualmente contempla el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2017, el cual fue ampliado de mil 592 a mil 659 revisiones.

Los informes de auditorías presentados dieron lugar a un total de mil 594 recomendaciones, 18 solicitudes de aclaración, 14 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, 642 pliegos de observaciones y mil 220 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria.

Con información de LaJornada