Estamos a punto de presenciar acontecimientos que demostrarán el estado de madurez de la democracia mexicana, a la vez que nos indicarán con precisión el nivel de compromiso patriótico de servidores públicos que son fundamentales para la marcha del país.

Afectados ellos mismos por las pretensiones del Presidente Andrés Manuel López Obrador si se concreta la reducción de sus salarios, ministros de la Suprema Corte de Justicia resolvieron suspender provisionalmente la Ley de Remuneraciones que establece que ningún funcionario debe ganar más que el Presidente.

Si esa norma adquiere vigencia, ellos mismos, los ministros hoy resolutores, tendrán que resignarse a no ganar los casi 400 mil pesos mensuales que actualmente perciben y pasar a recibir menos de 100 mil pesos cada 30 días.

Aplicando un sentido social, patriótico, la propuesta de López Obrador es justa, pero ¿tendrán un sentido nacionalista los perceptores de tan elevados emolumentos? Lo más seguro es que defiendan su dinero y que, al resolver en definitiva, apliquen los tecnicismos del lenguaje jurídico, argumenten con estricto apego a la letra de la ley y se apeguen a la legalidad.

Y la legalidad en México no siempre va de la mano con la justicia.

Lo peor es que la propuesta del mandatario seguramente tiene la simpatía y el arraigo entre el pueblo, pero no entre los miles de privilegiados burócratas con altísimos sueldos para quienes el nacionalismo y los sacrificios por la patria son hechos del pasado, consumados por los héroes de los libros de texto, pero no compromisos que deban ser cumplidos por quienes están acostumbrados a vivir muy bien.