Estrictamente personal

Qué ironía en la cuarta transformación. El absolutismo, propio de un viejo régimen no de uno nuevo, ha metido al presidente Andrés Manuel López Obrador en una secuencia de problemas que ya sabemos cuándo y cómo empezaron, pero no cuándo y cómo terminarán. Se planteó en este espacio desde principios de octubre que la novatez del gobierno entrante producía escalofríos, cometiendo errores que tendrían la oportunidad de corregir antes de que asumiera López Obrador el poder. Han pasado sólo 13 días, que parecen un año, y siguen cometiendo los mismos errores, pero con una diferencia: ahora ya cuestan política y económicamente. Todos los días, literalmente, hay nuevos equívocos y molestias porque las cosas no salen como esperaban.

Lo más costoso ha sido la cancelación de la obra del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco, cuyo solo anuncio tuvo un impacto en las tasas de interés que incrementó en 50 mil millones de pesos la carga en el Presupuesto para 2019, lo que introdujo mayores obstáculos para financiar los programas sociales de López Obrador. Adicionalmente se dio la pérdida de confianza en López Obrador, y provocó que empresas europeas comenzaran a desmontar sus operaciones comerciales en México, mientras que otras empezaron a trasladarse a Brasil.

La suspensión de proyectos de inversión de empresas mexicanas fue casi total, sumándose a lo que ya había sucedido con firmas extranjeras. El dinero continuó saliendo de México al no encontrar los capitales tranquilidad en las declaraciones del presidente. López Obrador ha dicho que no será rehén de los mercados, pero la falta de conocimiento de los mercados de su equipo no lo llevó a ser rehén, pero sí a modificar su proyecto de nación. La incertidumbre detuvo obras en el país y un dinamismo ominoso en el sector de bienes raíces.

El clima de inversión quedó profundamente dañado, así como la certidumbre del futuro mediato. El anuncio de que se cancelaría Texcoco obligó a la Secretaría de Hacienda a salir al mercado a recomprar bonos que financiaron parte de la construcción del aeropuerto. La primera oferta fue rechazada y la segunda fue vista de mejor manera, pero no se sabe aún cómo finalmente reaccionarán los tenedores de los bonos. La segunda oferta incorpora una rectificación en la promesa de López Obrador, de que aumentaría el volumen de pasaje en el aeropuerto de Toluca a ocho millones de pasajeros, y establece como máximo cinco millones, como originalmente se hizo el proyecto, a fin de que no lastimen la Tarifa de Uso de Aeropuerto, que quiere incrementar el gobierno para apalancar la recompra de los bonos. Paradójicamente, la TUA fue el instrumento para financiar Texcoco, y ahora, sin ese aeropuerto, servirá para evitar que los demanden en tribunales neoyorquinos. La decisión explícita del presidente convirtió una caja registradora de ingresos en un costo.

Las decisiones incomprensibles y la novatez del equipo están siendo la marca de la administración de López Obrador en la primera quincena del sexenio. Pero lo que está ocurriendo no es por el infortunio que vino de fuera, sino obedece a un diseño, quizás a partir de un diagnóstico equivocado, sobre el nivel de calidad de funcionarios que quiere en su gobierno, cuyo recorte salarial no sólo acható el conocimiento que rodea al presidente, sino que adicionalmente llevó a la nueva administración a sostener casi mil 500 litigios de amparo contra esa medida y un enfrentamiento con el Poder Judicial. En este espacio se publicaron en agosto las probables consecuencias de lo que se fraguaba.

“Si López Obrador no cambia el machete por el bisturí –se apuntó–, su promesa de campaña se convertirá en una medida que por las mejores razones tendrá las peores consecuencias para él, para su gobierno y para quienes hoy celebran en el ajuste de cuentas salarial que planea, porque serán quienes junto con el resto de los mexicanos paguen los efectos que tendrá probablemente la tabula rasa que pretende el próximo presidente de México, que llevará a una administración pública sin calidad de gestión y con pérdida de experiencia”.

Ni guardó el machete ni corrigió el rumbo. El sector energético es un ejemplo. Cuando Rocío Nahle, la secretaria de Energía, acudió a su primer encuentro con el exsecretario Pedro Joaquín Coldwell durante la transición, le explicaron por más de tres horas las entrañas del sector y lo que se había hecho en términos de inversión e infraestructura. Al terminar, Nahle dijo que todos los datos que le habían presentado eran falsos, y sacó de la bolsa un recorte de La Jornada, como sustento de su impugnación.

Otro caso es Octavio Oropeza Romero, el director de Pemex, quien al tener su primer encuentro en la transición, dijo que querían abrir licitaciones para refinerías el 1 de diciembre y producir 600 mil barriles diarios más de petróleo. Imposible, le dijeron, si no sabía qué quería licitar y tampoco podían producir ese volumen de petróleo por falta de inversión, porque se habían utilizado esos recursos en las finanzas públicas. Le advirtieron, eso sí, que tuviera mucho cuidado para que el presupuesto de Pemex no tuviera más gasto que ingreso, porque las calificadoras podrían bajar la deuda de la empresa. De eso, respondió, no entendía nada.

En la prensa política abundan las descripciones negativas sobre el equipo de López Obrador. Pero ya sabemos que el presidente no escuchará las críticas ni las observaciones. Lo que no sabemos es hasta dónde llegará y cuánto nos costará. La primera prueba será este sábado, cuando se presente el presupuesto para 2019. Ahí se podrá proyectar certidumbre financiera, o el principio de turbulencias financieras que terminarán en crisis.