Ciudad de México- 2018-12-0612:32:39- Agencias

 

Si bien el marco jurídico mexicano cuenta con elementos suficientes para el respeto, la garantía, la protección y la defensa de los derechos humanos, esto sigue siendo uno de los principales retos para el país.

 

La violación sistemática a los derechos humanos que existe en nuestro país es de tal magnitud que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos calificó esta situación como una “grave crisis de derechos humanos”, e incluso el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, ha definido la situación en nuestro país como un “entorno crítico en materia de derechos humanos”.

 

La defensa de los derechos humanos fue elevada a rango constitucional desde 1992, cuando se facultó al Congreso (con la adición del apartado B del artículo 102 de nuestra carta magna) para crear organismos especializados que atendieran quejas relativas a actos violatorios de los derechos humanos.

 

Los organismos de protección a los derechos humanos se encargan desde ese entonces de proteger a la población de las violaciones a sus derechos por parte de alguna autoridad o servidor público.

 

Asimismo, la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011 establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos establecidos en la Constitución y que el Estado mexicano debe de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los mismos.

 

No obstante, en México siguen ocurriendo con suma frecuencia abusos de autoridad contra la población, e incluso en este sexenio han tenido lugar casos emblemáticos como:

 

La desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014, en Guerrero.

 

La detención arbitraria y ejecución extrajudicial de 22 personas por parte militares, tras un enfrentamiento armado en 2014, en Tlatlaya, Estado de México.

 

La ejecución extrajudicial por parte de elementos federales de al menos 16 civiles desarmados que se encontraban realizando un plantón frente a la presidencia municipal de Apatzingán en 2015, en Michoacán.

 

La muerte de 42 civiles tras un enfrentamiento entre las fuerzas federales y un supuesto grupo de criminales en el cual se presume hubo actos de tortura, ejecuciones extrajudiciales, manipulación de la escena del crimen y siembra de armas en 2015 en Tanhuato, Michoacán.

 

En Querétaro también existen casos de violaciones a derechos humanos de tal magnitud que ocuparon las primeras planas en los diarios de todo el país:

 

La tortura y muerte de un hombre por parte de media docena de miembros de la policía mientras su hijo observaba la escena, encañonado, en mayo de 2017.

 

Los múltiples ataques, obstaculización o injerencias arbitrarias a la libertad de expresión y de pensamiento: en Querétaro cada año es asesinado al menos un periodista por el ejercicio de su labor.

 

Además de estos casos, en los que se evidenció a gran escala la falta de capacidad para ejercer la fuerza pública, las quejas que consignan la constante vulneración de los derechos humanos suman cientos.

 

Los derechos humanos en cifras

 

De acuerdo con el Censo Nacional de Derechos Humanos de 2017 del Inegi, durante 2016 se recibieron 217 mil 718 solicitudes de queja en todo el país. La inmensa mayoría fue interpuesta ante los organismos estatales (el 79%).

 

Con base en la calificación o el desecho de dichas solicitudes, realizado por los organismos defensores de derechos humanos nacionales y estatales, resultó que hubo para ese año 149 mil 959 presuntas conductas de servidores públicos que transgredieron al menos un derecho humano.

 

 

AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO