Familia consentida de MAYL, con contrato para 20 ciudades judiciales, acusan

Boca del Río- 2018-12-1008:31:54- Silverio Quevedo

 

El Tribunal Superior de Justicia, que preside Edel Álvarez Peña, benefició con contratos a la “Constructora y Promotora Malibrán S.A de C.V”, propiedad de la familia Ruiz Ortiz, una de las favoritas del ex gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, para la construcción de 20 ciudades judiciales, en las que se invertirán mil 300 millones de pesos, pero que a lo largo de 25 años, representará una erogación de más de 5 mil 100 millones de pesos.

 

De acuerdo con el fallo de la licitación pública nacional, para la planeación y ejecución de la construcción, equipamiento, conservación y mantenimiento de dichos centros de impartición de justicia, dicha empresa y otras cinco compañías, que también estarían ligadas a la familia Ruiz ganaron el concurso.

 

En la página del Poder Judicial del Estado de Veracruz, se da a conocer que el concursante ganador de los contratos individuales es el consorcio conformado por: Agrupación de Compañías Constructoras de Veracruz, S.A. de C.V.; Consorcio Integral de Comercio Exterior, S.A.P.I. de C.V.; Construindustrias Comerciales, S.A. de C.V.; Concesiones y Promociones RUA, S.A.P.I. de C.V; Desarrolladora de Caminos, S.A. de C.V. y Constructora y Promotora Malibrán, S.A. de C.V.

 

Sin embargo, no se especifica que todas conforman una sociedad creadas ex profeso y que solo se dividieron para “obtener” todos los contratos a través de las sociedades denominadas CIJV I, II, III y IV, S.A.P.I DE C.V.

 

Para la empresa CIJV II se tendrá que cubrir un monto de 743 millones de pesos, y para la CIJV IV un aproximado a 900 millones de pesos, como parte de la participación privada y a la que se cubrirá posteriormente el monto invertido en la obra, además de una especie de renta por el mantenimiento y conservación de los inmuebles.

 

Bajo el esquema de asociación público-privada, dichas empresas se encargarán de la construcción de las ciudades judiciales en los municipios de Orizaba, Tantoyuca, Huayacocotla, Martínez de la Torre, Ciudad Mendoza, Coatzacoalcos, Tuxpan, Pueblo Viejo, Zongolica, Poza Rica, Minatitlán, Chicontepec, Tierra Blanca, Boca del Río, Ozuluama, Álamo, Papantla, Misantla, Isla y Las Choapas.

 

CON YUNES TODO PARA LOS RUIZ

 

Llama la atención que la empresa Agrupación de Compañías Constructoras de Veracruz, S.A. de C.V., comparte el mismo domicilio que la Constructora y Promotora Malibrán, S.A. de C.V., ubicado en el callejón Mártires de Tlapacoyan número 55 entre Mario Molina y Serdán del puerto de Veracruz, pisos 5 y 1 respectivamente.

 

A pesar de que se trató de una licitación pública nacional, la dirección que aparece en internet del Consorcio Integral de Comercio Exterior, se ubica en la avenida Independencia número 859 de la ciudad de Veracruz, mientras que la Desarrolladora de Caminos S.A. de C.V. tiene su domicilio ubicado en la carretera Veracruz-Cardel.

 

Sobre la empresa Construindustrias Comerciales, S.A. de C.V. no aparece ningún tipo de información en internet, ni tampoco acerca de Concesiones y Promociones RUA, S.A.P.I. de C.V.

 

Cabe recordar que a solicitud del ex gobernador Miguel Ángel Yunes, en el año 2017, la LXIV Legislatura amplió a 30 años más la concesión a la empresa Malibrán para la operación del libramiento Plan del Río de la autopista Veracruz – Xalapa, mientras que el consorcio Intra, que también pertenece a la familia Ruiz, rehabilitó el bulevar Manuel Ávila Camacho de Veracruz, en el que se invirtieron 150 millones de pesos.

 

Las ciudades judiciales resultan un negocio redondo para las empresas ganadoras, pues para la construcción se invertirán mil 301 millones 622 mil pesos, es decir 65 millones de pesos en promedio por cada una.

 

El esquema del contrato es de asociaciones público privadas, equivalente a deuda pública que se tendrá que pagar a 300 meses, es decir a 25 años, comprometiendo las participaciones federales.

 

Según el contrato marco, las empresas recibirán un pago de 17 millones de pesos al mes durante dos décadas y media, por lo que en tan sólo seis años habrán recuperado el capital invertido.

 

Al año, las empresas recibirán 204 millones de pesos del Poder Judicial y al cumplirse los 25 años habrán recibido 5 mil 100 millones de pesos.

 

Los terrenos donde se construirán los centros de impartición de justicia serán donados por el propio Poder Judicial, por lo que las empresas sólo tendrán que invertir en las obras.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO

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