Más de 3 mil 500 altos funcionarios del Poder Judicial de la Federación (PJF) han solicitado amparos contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y el conjunto de reformas presentadas en el Congreso que pretenden modificar la estructura de órganos como el Consejo de la Judicatura Federal, al considerar que vulneran la autonomía del órgano impartidor de justicia.

“Servidor público: puedes evitar, mediante el juicio de amparo, que a partir de la primera quincena de enero del 2019 te disminuyan tu salario y cancelen tu seguro de gastos médicos mayores, seguro de vida y seguro de separación individualizada”, se lee en las redes sociales y en los correos que el despacho de abogados Trusan & Roma ha mandado a funcionarios públicos de múltiples dependencias.

Los amparos también son por las modificaciones para la elección de integrantes del Consejo de la Judicatura Federal, disminución presupuestal y la rotación de los impartidores de justicia.

Entre los promotores que han presentado 512 demandas colectivas están 366 magistrados, 331 jueces, mil 37 secretarios, 215 actuarios, 514 oficiales y 125 personas externas que se sumaron a estos amparos al considerar que podrían obtener algún beneficio.

El artículo 94 constitucional establece la irreductibilidad de las remuneraciones de los ministros de la Suprema Corte, magistrados de Circuito, jueces de distrito y consejeros de la Judicatura Federal, así como los magistrados electorales, mientras permanezcan en el cargo.

Desde que se anunció la medida contra la reducción, muchos magistrados han recurrido a ella, en respuesta a la ley de salarios máximos por la que nadie puede ganar más que el titular del Ejecutivo federal, cuyo sueldo será de 108 mil pesos.