Una vez más, México cerrará este año como uno de los países más violentos y mortíferos contra los periodistas. En 2018 la cifra de comunicadores asesinados por motivos vinculados a su labor profesional igualó –hasta ahora– a los 12 ocurridos el año pasado, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

 

Los dos más recientes son los casos de Jesús Alejandro Márquez Jiménez, director de Orión Informativo, en Nayarit, y el de Diego García Corona, colaborador del Semanario Morelos en Ecatepec, Estado de México.

 

Ambos fueron asesinados a tiros por desconocidos. Márquez Jiménez fue hallado sin vida el primero de diciembre cerca del aeropuerto de Tepic, y tres días después se encontró el cuerpo de García Corona en la colonia Jardines de Morelos, en Ecatepec.

 

 

 

La violencia no disminuye; la falta de castigo sigue

 

Un año después de la visita de trabajo al país de los relatores para la libertad de expresión de las Naciones Unidas, David Kaye, y de la CIDH, Edison Lanza –quienes expresaron su preocupación por el “ataque expansivo” contra los periodistas en México–, la violencia contra este gremio no ha disminuido y la impunidad se mantiene.

 

A finales de noviembre y principios de diciembre de 2017, ambos delegados internacionales estuvieron en México para verificar la situación de la libertad de expresión y la crisis de violencia contra comunicadores. En su informe final sobre esa visita, presentado en junio de este año, Lanza y Kaye dan cuenta de la delicada situación que enfrentan los periodistas y la libertad de expresión en el país ante ataques tanto de actores oficiales como del crimen organizado, y lamentan que la constante en estos crímenes sea la impunidad, pues los datos muestran que al menos 99.6 por ciento de los casos no han sido esclarecidos por las autoridades correspondientes.

 

Recientemente, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH instó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a redoblar esfuerzos para fortalecer las políticas de prevención y protección de todo tipo de violencia contra periodistas y medios de comunicación.

 

Llamó además al Estado mexicano a investigar de forma completa, efectiva e imparcial, los dos últimos asesinatos y otros crímenes contra reporteros que se encuentran impunes, esclarecer sus móviles y determinar judicialmente la relación que pudieran tener con la actividad periodística y la libertad de expresión.

 

De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), de 2000 a 2018 han sido asesinados en el país al menos 138 periodistas. El sexenio de Enrique Peña Nieto fue el más mortífero con 59 homicidios, 52 durante el gobierno Felipe Calderón y 25 en el mandato de Vicente Fox. Los casos de Márquez Jiménez y de García Corona son los primeros registrados en la administración de López Obrador.

 

Organizaciones civiles nacionales e internacionales han informado que con ese nivel de cifras, México es la nación en la que no existe un conflicto bélico, con el mayor número de comunicadores asesinados a escala global.

 

“Para la Relatoría Especial es fundamental que las autoridades públicas se pronuncien en contra de estos crímenes que buscan socavar la libertad de expresión en el país. El nuevo gobierno debe dar claros mensajes de que no tolerará esta clase de crímenes y que actuará de manera rápida para que no queden en la impunidad”, subrayó hace unos días Edison Lanza al referirse a esta crisis.

CON INFORMACIÓN DE: La Jornada