Xalapa- 2018-12-0311:32:21- Jesús Ruiz / Víctor Hugo Arteaga

 

Este lunes se presentó otra denuncia de juicio político en contra del ex gobernador del Estado Miguel Ángel Yunes Linares y del fiscal general, Jorge Winckler Ortiz.

 

El abogado Rodolfo de la Guardia García, defensor del ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública Arturo “N” acudió al Congreso del Estado y afirmó que su cliente ha sido víctima de diversos delitos desde que fue ingresado al penal de Pacho Viejo, en Coatepec.

 

Detalló que la denuncia también involucra al ex secretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marié y otros funcionarios de menor nivel que si no son sujetos a juicio político sí son sujetos al tema jurídico penal.

 

Observó que las denuncias están relacionadas con tres aspectos fundamentales. Primero una simulación de fraude procesal para obtener diversos bienes inmuebles de Arturo “N” bajo la apariencia de llegar a acuerdos reparatorios.

 

“El segundo es la tortura psicológica y las acciones que diversos ex funcionarios del gobierno estatal hicieron directamente a don Arturo en el Interior del centro, es decir en Pacho Viejo. La tercera es la ilegalidad con la que se hizo la investigación por desaparición forzada concediendo algunos criterios de oportunidad que están ilegalmente concedidos”, detalló de la Guardia García.

 

El abogado Rodolfo de la Guardia presentó este lunes ante el Congreso de Veracruz, la segunda solicitud de juicio político contra el Fiscal General de Veracruz, Jorge Winckler Ortíz, a quien se denuncia por varios delitos.

 

La denuncia fue presentada ante la Oficialía de Partes del Congreso en Veracruz, en representación del ex secretario de seguridad pública Arturo Bermúdez Zurita, a quien se acusa del delito de desaparición forzada de personas.

 

En el documento presentado y dirigido a Mónica Robles Barajas, presidenta de la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales de la LXV Legislatura local, Bermúdez narra cómo fueron las negociaciones para “donar propiedades” y de esa forma reparar el daño patrimonial, presuntamente causado al erario público.

 

El ex secretario de seguridad pública de Veracruz durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, se encuentra en prisión preventiva por el delito de desaparición forzada de personas.

 

Por los delitos abuso de autoridad, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito, un juez federal levantó la prisión preventiva el 28 de agosto de este año, tras considerar que en su proceso legal fueron violados sus derechos humanos y la presunción de inocencia.

 

Bermúdez Zurita acudió ante el Congreso de Veracruz, confirmó en una nota de audio enviada por mensajería telefónica, debido que el ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares y Winckler Ortíz negociaron la reparación de supuestos daños al erario público y para ello violaron leyes civiles, financieras y penales.

 

“El ex titular del Poder Ejecutivo estatal Yunes Linares solicitó la entrega de siete bienes propiedad de mi familia. La mayoría de estos bienes son aquellos que mi familia obtuvo antes de que el suscrito ingresara el servicio público del Estado de Veracruz.

 

“Todos los bienes fueron declarados oportunamente ante la Contraloría General del Estado. Aquellos bienes localizados en el Estado de Texas, Estados Unidos de América, fueron adquiridos a través de líneas de crédito y aún se siguen pagando de manera mensual. Ningún bien inmueble fue adquirido con recursos estatales”, enfatiza Bermúdez en la documentación enviada al Congreso veracruzano.

 

Las constancias de la adquisición de esos bienes, explica Bermúdez Zurita, se encuentran glosadas a la presente y son del conocimiento del ex Gobernador Yunes. pues durante audiencia ante el Juez de Control se descubrieron junto a un dictamen pericial que justifica su licitud. N

 

“No olvidemos que el ex Gobernador Yunes Linares realizó una supuesta investigación privada y su Fiscal General la convalidó, por lo que ambos saben cuándo, cómo y con qué recursos se adquirieron los bienes desde antes que iniciara esta farsa legal.

 

“Yunes Linares me propuso, a través del licenciado Reus Medina, que los bienes inmuebles fueran entregados en donación al patrimonio estatal. La donación sería el acto jurídico por el cual se recibirían los bienes inmuebles a satisfacción y se concretarían los acuerdos reparatorios”, señaló Bermúdez.

 

El ex secretario de seguridad pública, estableció que Winckler Ortiz, en concierto con los demás servidores públicos estatales, entre ellos, el Fiscal Anticorrupción Marcos Even Torres Zamudio solicitaría a los jueces de control las audiencias correspondientes para concluir los procesos penales.

 

AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO