Por Claribel Guevara Pérez

La deficiente integración de las carpetas de investigación a cargo de la Fiscalía General del Estado, es alguna de las malas prácticas heredadas de la anteriormente llamada Procuraduría General de Justicia del Estado, que debió abandonarlas, según lo manejó el discurso oficial, al entrar en vigor la aplicación del Sistema Penal Acusatorio. No olvidemos que entre las principales necesidades a las que obedeció el cambio de sistema, estaba la de profesionalizar la investigación y dar mayor equilibrio al proceso penal.

Sin embargo, el mal se heredó, y se comprueba con la salida de los ex funcionarios duartistas de prisión, cuya predicción fue, en algún momento, incluso motivo de burlas de medios periodísticos serviles al poder, por el total desconocimiento de la aplicación real de las normas jurídicas en este tipo de procedimientos. Entre las consideraciones que propiciaron la liberación se pueden contar:

1.- Que la Fiscalía General del Estado, y el Poder Judicial, al menos en la administración que acaba de terminar, no cumplieron jamás con los principios de imparcialidad y objetividad;

2.- Que ni la Fiscalía General del Estado, ni el Poder Judicial, trabajaron como entes autónomos  y que obedecieron a caprichos  políticos en los cuales, lejos de realizar investigaciones objetivas y bien sustentadas, e iniciar procedimientos penales sin opacidad y al margen de la legalidad, se constituyeron en un binomio de acuerdos y pactos para ofrecer, como lo pregonó en su momento el titular del Ejecutivo, “resultados”, mismos que ahora se esfuman, y dejan a la sociedad con un descontento y al Estado en la mira, por una fallida administración y procuración de justicia;

3.- Que la Fiscalía General actuó en todo momento con gran deficiencia, pretendiendo justificar su trabajo en la integración de expedientes de tomos de miles de hojas, los cuales, como hoy se observa, no fueron suficientes para justificar durante la tramitación de los procesos, la procedencia de la medida cautelar de Prisión Preventiva Necesaria, y difícilmente lo serán para sostener sentencias condenatorias; y

4.- Que el Poder Judicial, lejos de destacar las deficiencias en las carpetas de investigación, se mostró colaborador y solidario frente a acciones y solicitudes de inicio de procedimientos, en donde no era difícil apreciar que no se contaba con material contundente para acreditar responsabilidades.

Hoy, gracias al despreciable comportamiento de los titulares a cargo de estas instituciones, quienes se concibieron temporalmente cómo héroes de una serie de ficción, seguiremos teniendo seguramente más responsables de hechos delictivos en la calle e inocentes en la cárcel.

Toda persona señalada como responsable de la comisión o participación en la ejecución de un delito tiene derecho a un procedimiento justo, basado en investigaciones reales, criterio contenido en instrumentos internacionales en armonía con nuestra Constitución Política, porque el acceso a la justicia es un derecho humano.

A la justicia se accede con procesos a transparentes, equilibrados, objetivos, e imparciales que, tal como está normado, deben ser los principios base sobre los que trabajen las instituciones.

El gobierno que no juzga con apego a las leyes, es un gobierno autoritario. El que pasa por alto las funciones específicas de las instituciones para imponer su voluntad y vender realidades falsas, es gobierno arbitrario. Los que colaboran haciendo uso a su conveniencia de las leyes y los procedimientos, mintiendo a la sociedad, merecen y deben ser juzgados.