La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio un revés a Andrés Manuel López Obrador y su política de austeridad luego de que suspendiera la aplicación de la la Ley Federal Remuneraciones de los Servidores Públicos tras la acción de inconstitucionalidad que interpusieron senadores de oposición.

El periódico El Universal tuvo acceso al informe del ministro Alberto Pérez Dayán, quien la Suprema Corte turnó el caso para su análisis y destaca que:

“Con el fin de preservar la materia del juicio y evitar que se cause un daño irreparable, procede conceder la suspensión solicitada para el efecto de que las remuneraciones que perciban los servidores públicos de los poderes de la Unión y de todos los demás entes públicos para el ejercicio de 2019, no sean fijados en términos de la ley reclamada, hasta en tanto se resuelva el fondo de la controversia”.

Esto quiere decir que los diputados podrán fijar el salario el presidente tomando en cuenta las responsabilidades y especificaciones del cargo, no necesariamente los 108 mil pesos que había propuesto AMLO.

La ley quedará congelada y no se podrá aplicar hasta que la Corte resuelve el asunto.

El recurso se acumuló en el expediente 105/2018, que contiene la acción de inconstitucionalidad que promovió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre esta ley.

La acción de la inconstitucionalidad está firmada por los senadores Miguel Ángel Osorio Chong, Rafael Moreno Valle, Miguel Ángel Mancera y Dante Delgado Ranauro, líderes de los grupos parlamentarios del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, respectivamente.

Así como por el senador independiente Emilio Álvarez Icaza, quien fue titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal de octubre de 2001 a septiembre de 2009.

En su demanda, los legisladores aclaran que no buscan que el alto tribunal fije el salario del Presidente de la República, sino que se establezcan las reglas constitucionales para determinar los salarios de los funcionarios.