Por Juan Ignacio Martínez Franco

Informes Anuales de los Ayuntamientos de Veracruz. Verdad o Simulación

Entre el proceso de entrega-recepción en el Poder Ejecutivo Federal y de las Entidades Federativas, la renovación completa de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión y de los Congreso Locales, un accidente aéreo en el estado de Puebla, aunado a la polarización nacional provocada mayormente con las diversas corrientes políticas, poca o casi nada de atención se le ha puesto a la presentación de Informes Anuales de Actividades del ejercicio 2018 por parte de los Ayuntamientos del Estado de Veracruz.

Pocos medios de comunicación dieron cobertura a dichos informes. Hace algunos días al leer una nota periodística acerca de cómo se desarrolló el informe de cierto Ayuntamiento, la premura en su lectura y la incompatibilidad en los montos captados por ingresos, cabe reflexionar que quizá esa fue la práctica constante en la mayoría de los presentados y muy seguramente el común denominador en las versiones escritas, será observar números y números y más números de todas las acciones realizadas durante el ejercicio que están informando, de lo cual sí es necesario que la ciudadanía cuestione la veracidad de lo que se informa, para opinar de manera correcta y responsable.

¿Por qué cuestionar? Porque es una manera de hacer entender a los gobiernos (en este caso municipales, pero en general a todos) que están obligados a realizar la totalidad de sus funciones con fundamento en su Planes y Programas, considerando, en estricto sentido, que los bienes y servicios que ofrecen para la sociedad deben ser planeados, desarrollados y otorgados con calidad, eficacia y eficiencia.

En esencia, los Informes Anuales de Actividades tienen el objetivo de rendir cuentas a la sociedad, pero muchas veces son presentados en lenguaje y con datos tan confusos que no son entendidos por el ciudadano común, aquel que desconoce de conceptos como ingresos y egresos, cuenta pública, procesos de licitación, adjudicación y contratación de obra pública y quizá poco o nada de programas de desarrollo social.

Los datos que se presentan casi siempre corresponden a actividades dónde se hizo más (cantidad) dejando de lado el cumplimiento estricto de lo planeado para cada ejercicio, a pesar de que “los Ayuntamientos, son responsables de conducir, en el área de sus competencias, la planeación del desarrollo, con la participación democrática de los grupos sociales y privados”[1]pareciera que están pensados únicamente para seguir teniendo el respaldo de la ciudadanía y por ende mantenerla tranquila (pasiva y conforme).

Si cada informe estuviera sujeto a un tamiz, en principio, habría que valorar cuántos están alineados a los Planes, Nacional, Estatal y Sectoriales, eso sin ponerse exigentes en cuanto a los compromisos que emanan del ámbito internacional (Objetivos para el Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030), aunque estos son los ejes rectores y deben ser atendidos de manera obligatoria.[2]

Otro aspecto importante sería analizar cuántos de los objetivos establecidos en su Plan Municipal de Desarrollo se cumplieron y si se cumplieron de acuerdo a sus Programas Anuales, dado que en dichos programas siempre se advierte el uso excesivo de verbos agrupados para que se escuche rimbombante cada enunciado de los objetivos planteados, sin tomar en consideración que cada verbo implica una acción y cada acción un objetivo y cada objetivo debe ser medido ¿Y cómo es esto?

Pues bien, para no entrar en tantos tecnicismos sería más o menos así (los “expertos” podrán ampliarlo o refutarlo y sobretodo los especialistas en Planeación de los Ayuntamientos, donde haya, claro). Los planes: Nacional, Estatal, Sectoriales y Municipales, desarrollan en sus textos enunciados de hacer que por lo regular empiezan con verbos, por ejemplo: promover, desarrollar, impulsar, etc.), todo ello se traduce en Objetivos Estratégicos, Tácticos y Operativos (según la metodología aplicada) esos objetivos deber ser medidos, es decir, cada objetivo debe tener su propio indicador (ascenso, descenso, etc.) el fin es medir y obtener resultados[3].

En el caso de los Ayuntamientos, insisto, habría que analizar hasta donde se cumple primero con la alineación de objetivos, cuáles fueron las metas alcanzadas y después, cuáles fueron los resultados obtenidos. Además, a la luz de los principios de publicidad y máxima publicidad, los “Informes Anuales de Actividades”, “los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social” y “los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados” con fundamento en los artículos 70, fracciones XXIX, V y VI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información y 15, fracciones XXIX, V y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información para el Estado de Veracruz, deben estar publicados en la Plataforma Nacional de Transparencia y sus medios de publicación electrónicos, mesas o tableros de Transparencia.

Los gobiernos municipales (por ser este el tema tratado), pero en general, de todos los órdenes y niveles, no pueden simular la realización de actividades, con la creencia que como en el pasado, los ciudadanos están complacidos con lo que se menciona en cada informe, reiterando que, su objetivo es rendir cuentas de las actividades realizadas en bien de la sociedad (eficacia y calidad) y para dar a conocer de qué forma fueron gastados los recursos públicos (eficiencia).

Es su obligación tener publicados los Informes e indicadores para que la ciudadanía pueda consultarlos y cuestionar acerca de su veracidad, objetivos, estrategias, acciones, metas, prioridades, programas ejecutados y resultados, en consecuencia, las personas gozan del derecho de conocer la información expresada en ellos, que sea entregada y difundirla por cualquier medio, esto es posible dado que es un derecho humano, para lo cual, los ciudadanos no tienen obligación, ni necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, incluso, pueden consultar de manera directa todos los documentos generados por los Ayuntamientos, no solo los que sirvieron de fuente para los Informes Anuales, sino de cualquier tipo de información que generen, cualquier acción en contrario, restringe los Derechos de Acceso a la Información, a Saber, a la Verdad y representa una regresión que atenta contra el principio de progresividad de los Derechos Humanos.

[1] Artículo 4° Ley de Planeación del Estado de Veracruz, consultable en: http://www.legisver.gob.mx/leyes/LeyesPDF/LPLANEACION110918.pdf

[2] Consultables en: http://www.onu.org.mx/agenda-2030/objetivos-del-desarrollo-sostenible/

[3] De manera sintetizada puede acercarse a este tema consultando en: http://ivai.org.mx/capacitacion/PresentacionIndicadores.pdf