El presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, Sergio Vázquez Jiménez, subrayó que el Órgano de Fiscalización Superior puede generar responsabilidades administrativas y penales por las irregularidades que existen en el Sistema Estatal de Videovigilancia que se creó en la administración de Miguel Ángel Yunes Linares.

Expuso que la responsabilidad puede recaer en el ex mandatario, así como el ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Jaime Téllez.

Además, la empresa Comtelsat que mantiene al sistema en un 40 por ciento de funcionamiento podría ser sancionada económicamente y no se debe de descartar su inhabilitación, pues ya lleva meses aplazando la implementación de las cámaras en distintos puntos de la entidad.

“Es correcto darle luz al proceso de adjudicación o de licitación y sobre todo con respecto a los compromisos que adquiere la empresa con el gobierno del Estado porque si instalas un equipo y no funciona la acción está inoperante”, declaró en entrevista Vázquez Jiménez.

Subrayó que el contrato al que está comprometida la empresa a cumplir es claro e incluso existen indemnizaciones que podría reclamar el gobierno estatal.

“Sí puede derivar en una responsabilidad legal; una empresa inhabilitada es responsabilidad, en parte, de quienes realizaron la licitación”, consideró el presidente del Comité de Participación Ciudadana.

Por otra parte, señaló que todavía no se define el presupuesto que el Congreso del Estado asignará al Sistema Estatal Anticorrupción.

Sin embargo, insistió en que se requieren al menos 40 millones de pesos para poder concretar todas las acciones que involucra este mecanismo.

Expuso que la Comisión de Hacienda del Estado continúa trabajando en la integración del presupuesto y esperan contar con dicho monto para poder dar resultados en el combate a este mal público que ha afectado al Estado en las últimas administraciones.

Jesús Ruiz/ AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO