Por si acaso
Carlos Jesús Rodríguez Rodríguez

Niñas embarazadas: un crimen

Urgen políticas de prevención

EN EL País y en Veracruz, específicamente, hay temas que es mejor no abordar por las implicaciones que entrañan, entre otros, religión y política aunque, tampoco, es bueno razonar asuntos como la legalización y consumo de mariguana -y otros enervantes-, además del aborto, esto es, la interrupción del embarazo por las razones que fueren (estemos o no de acuerdo), pero ante la postura de la diputada panista, María Graciela Hernández Íñiguez que expresa su rechazo a la posible discusión y aprobación para ampliar la temporalidad de la interrupción legal del embarazo de 9 a 12 semanas, porque desde su punto de vista “es como una forma de fomentar la irresponsabilidad de las mujeres veracruzanas”, el asunto cobra relevancia por dos causas: 1.-Porque cada mujer adulta es libre de decidir en torno a su cuerpo y 2.-Porque no se puede hablar de irresponsabilidad en las mujeres que se embarazan cuando el Estado no adopta mecanismos de información y prevención, además de que muchas de ellas son víctimas de violaciones, de un exacerbado machismo que las obliga a tener relaciones sin protección o cuidados anticonceptivos, o porque padres y parientes las obligan a tener a sus bebés aunque este no sea deseado, o en última instancia porque algunas mujeres, por razones de salud, ponen en riesgo su vida de continuar la gestación. Hay cientos de razones y todas deberían ser respetadas tomando en cuenta que en educación básica el tema sigue siendo tabú, lo que ha provocado que alumbramientos terminen con el desarrollo académico, emocional y profesional de niñas que ven truncados sueños ante una maternidad por falta de aconsejamiento familiar.

SEGÚN LA legisladora, “hay casos en los que el aborto es una alternativa si se trata de una agresión sexual, pero en caso contrario hay muchos jóvenes a quienes les quitaría un poco de responsabilidad” al permitírselos, aunque a decir verdad, de ninguna manera se puede asumir como un castigo el que una niña o adolescente siga embarazada cuando no está preparada para ser madre –y mucho menos soltera-, por lo que en ese tenor, obligarla sí que sería una irresponsabilidad mayúscula, sobre todo porque en México hay niñas de 9 años embarazadas, y cada día 26 menores tienen un bebé que, invariablemente, engrosarán los cinturones de miseria al abandonar las madres sus estudios y sumarse a una fuerza de trabajo que, indiscutiblemente, será la informalidad. Y es que según cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México ocupa el primer lugar en embarazo infantil y adolescente entre los países miembros, de tal suerte que 26 niñas al día en México están teniendo un parto”, y lo más preocupante es que tienen menos de 15 años, y en muchas ocasiones su gravidez tiene que ver con el abuso infantil, situación que no comentan a sus familiares más cercanos por miedo, hasta que ya es imposible ocultarlo, pero les prohíbe la práctica de un aborto aun cuando es posible hacerlo sin riesgo para la salud y, tampoco, para el futuro del nuevo ser y la madre.

LAS CIFRAS de la OCDE coinciden con las aportadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que refieren que en México 16 millones de mujeres entre 15 y 19 años, y aproximadamente 1 millón de niñas menores de 15 dan a luz cada año. Lo peor es que 3 millones de adolescentes entre 15 y 19 años se practican abortos inseguros o clandestinos en el mundo para interrumpir un embarazo no deseado, acción que pone en riesgo su salud y vida; más grave aún es el hecho de que el País, por la prodición, siga siendo un santuario en esas prácticas que suelen dejar lesionadas a quienes acuden a clínicas no calificadas para ello, además de las acciones jurídicas que enfrentan en caso de ser detectadas que podrían ser muchos años de cárcel. Y es que en Veracruz, el aborto sigue siendo un delito salvo en cuatro supuestos: 1.-Cuando se produce por una conducta imprudente o culposa de la mujer. 2.-Cuando el embarazo sea producto de una violación o de una inseminación artificial sin consentimiento de la mujer. 3.-Cuando la mujer corra peligro de muerte y, 4.-Cuando el feto presenta graves alteraciones genéticas o congénitas.

EN JUNIO del año pasado, el Juez Federal Decimoctavo de Distrito ordenó al Congreso del Estado despenalizar el aborto luego de que organizaciones de la sociedad civil interpusieran un amparo contra esa instancia de poder, al considerar que los diputados incurrieron en omisión Legislativa al no garantizar, en la ley, los derechos a la salud sexual y reproductiva de las mujeres. La sentencia, que no ha sido cumplida, obliga a ampliar las causales del aborto estableciendo la semana 12 como fecha límite para interrumpir un embarazo de manera legal (a lo que se opone la diputada panista María Graciela Hernández Íñiguez), y modificar los artículos 149, 150 y 154 antes del día 31 de Julio de 2018, lo que permitiría cumplir con las observaciones emitidas por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) que en diciembre de 2017 emitió la segunda Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Agravio Comparado (AVGAC). La medida fue considerada un “exceso” por él, entonces, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Sergio “Bailador” Hernández, y decidió apelar con el respaldo de otras fuerzas, sin embargo, incumplir con la ejecutoria de un Juez Federal es desataco que podría trocarse en sanciones o solicitud de juicio político para los diputados opositores a la orden, de acuerdo con el Frente Veracruzano por los Derechos de las Mujeres.

EN VERACRUZ no hay alternativas para las mujeres, y si una gran dosis de hipocresía, ya que en los archivos quedaron registradas las denuncias de la diputada Cinthya Amanta Lobato Calderón quien fue víctima de violencia política por parte de legisladores de su propio partido, al informar en torno a las fiestas y orgías que solían realizar legisladores como el ex titular de la Junta de Coordinación Política, Sergio “bailador” Hernández y otros ex legisladores entre los que destacaba, Carlos “Chico” Fuentes, con mujeres que no les merecían la mínima consideración, contratándolas como espectáculo o diversión como si fueran un objeto. La ligereza y libertinaje solo mostró el doble discurso de un PAN que mientras consume la eucaristía está ideando el siguiente destrampe, pero dando a la sociedad un rostro encubierto. Como fuera, las mujeres tienen derechos, y el principal es decidir en torno a su cuerpo, por lo que la postura de la legisladora que llama “irresponsables” a las mujeres que exigen ampliar la temporalidad de la interrupción legal del embarazo de 9 a 12 semanas es muy cuestionable.

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