La Contralora General del Estado, Leslie Mónica Garibo Puga, aseveró que no se permitirá que ningún funcionario público de la actual administración incumpla con su declaración patrimonial.

Subrayó que la dependencia a su cargo estudiará cada caso específico de incumplimiento en dicha obligación, de ahí que no pactarán ningún acto de corrupción.

La contralora sostuvo que quien incumpla, será sujeto de la actuación legal que corresponda a la Contraloría, es decir que se podrían aplicar sanciones penales o administrativas.

“No vamos a dejar que ya quede impune, ya los veracruzanos lo exigen”, agregó la servidora pública, quien recordó que todos los funcionarios tanto salientes como entrantes tienen la obligación de transparentar sus bienes.

En otro tema dijo que se retomará la denuncia del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción presentada al final del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, organismo que señaló de extorsiones de funcionarios de la propia Contraloría.

De acuerdo con la funcionaria se retomará esa y otras quejas, ya que el Comité Ciudadano reportó casos en los que funcionarios del gobierno supuestamente fueron extorsionados y les exigían montos de 250 mil pesos o automóviles a cambio de solventarles observaciones de supuestos malos manejos de recursos públicos.

Cabe señalar que por Ley los funcionarios observados por el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) u otras instancias fiscalizadoras como la Contraloría General pueden comprobar el gasto de los recursos públicos si cuentan con la documentación correspondiente, sin embargo hubo casos en los que se habría exigido dinero para concretar el trámite.

“Estamos en el proceso de entrega-recepción, pero tomaremos en cuenta todas las denuncias que quedaron pendientes; como esas hay muchas más y todos los funcionarios tienen Derecho de denunciar este tipo de irregularidades”, refirió Garibo Puga.

Jesús Ruiz/ AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO