Xalapa, Ver. 10 de enero del 2019/ Redacción por Sociedad 3.0

 

Los alcaldes de distintas partes del país denunciaron, durante las audiencias públicas para debatir la creación de una Guardia Nacional en la Cámara de Diputados, que mientras sus fuerzas de policía operan con múltiples carencias, los recursos federales destinados para ellas sufren de recortes, retenciones y reglas injustas para su repartición.

 

No solo eso. Revelaron que hay poca o nula coordinación con gobiernos estatales, que existen zonas bajo total control criminal, que múltiples empresas cierran ante el acoso del crimen, y que ellos mismos trabajan con amenazas de muerte.

 

Los presidentes municipales, en su mayoría, respaldaron la creación de la Guardia Nacional con un mando civil, pero al mismo tiempo criticaron lo que consideraron es una visión “centralista” de la nueva administración federal en la política de seguridad, e insistieron en que es necesario trabajar coordinadamente con gobiernos estatales y locales.

 

De 16 alcaldes que participaron en este segundo día de audiencias de Guardia Nacional en San Lázaro, solo dos, la alcaldesa de Chihuahua y el alcalde de Nezahualcóyotl, consideraron que la creación de la Guardia Nacional no es necesaria y que, por el contrario, se pueden explorar alterativas como apostar al desarrollo policial o a mejores políticas públicas.

En su intervención en la audiencia pública,  el presidente municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava, denunció  el recorte presupuestal de aproximadamente el 20% en los subsidios de seguridad destinados para los municipios con alta incidencia delictiva en 2019.

“La Guardia Nacional es un componente de la estrategia de seguridad pero no es el todo. La apuesta debe ser por la prevención y esa es una tarea que primordialmente le corresponde a los municipios. Pero de poco ayuda que entonces el gobierno federal nos haya recortado en este año el 20% de los recursos del fondo destinado para la seguridad en municipios”, dijo.

 

 

Los alcaldes reconocieron en las audiencias la presencia y dominio del poder criminal en varias regiones. La presidenta del municipio de Solidaridad (Playa del Carmen) en Quintana Roo, Laura Esther Beristain Navarrete, dijo que el multihomicidio de 7 personas en un bar de la localidad el pasado 6 de enero es una muestra de la violencia a la que enfrentan.

“Y yo desde que asumí en el gobierno estoy amenazada de muerte. Hay hombres armados rondando todo el tiempo”, dijo la alcaldesa.

El alcalde de Tepic, Nayarit, Francisco Castellón Fonseca, aseguró que hay zonas del país bajo completo control criminal, donde ni las fuerzas federales ni el Ejército pueden entrar. Pidió no olvidar, además, que los propios alcaldes están en una situación vulnerable.

 

 

La mayor parte de los presidentes municipales aceptaron la creación de una Guardia Nacional que apoye en los trabajos de combate al crimen en el país, pero expusieron varias dudas y reservas enfocadas, principalmente, en lo que consideran una intención de “centralizar” una función de seguridad que corresponde primariamente a los municipios.

 

El presidente municipal de Guadalajara, Ismael del Toro, dijo que el dictamen de reforma constitucional en materia de Guardia Nacional, como se encuentra actualmente, invade atribuciones de autoridades locales al avalar, por ejemplo, el uso desde la federación de policías auxiliares locales. Además se deja a la nueva fuerza que se pretende crear facultad de acción sin un control operativo a cargo de civiles.

 

“Prácticamente se está dando un cheque en blanco para que la Guardia Nacional se apropie de funciones que constitucionalmente le corresponden a estados y municipios”, dijo el alcalde.

 

En representación del presidente municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua, el secretario de Seguridad Pública de esa ciudad, Ricardo Realivazquez, dijo que ellos “dicen sí a la Guardia Nacional” pero “no a la subordinación”. Subrayó que el trabajo debe ser coordinado.

 

 

Varios de los alcaldes, y diputados de oposición presentes en la audiencia, expresaron además su preocupación respecto a que hasta ahora no se conocen iniciativas relacionadas con las tres leyes complementarias que, una vez aprobada la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional, deben presentarse y aprobarse en un plazo no mayor a 60 días.

 

 

CON INFORMACIÓN DE ANIMAL POLÍTICO