Por si acaso
Carlos Jesús Rodríguez Rodríguez

*AMLO no reprimirá a delincuentes
*Estarían en juego seis Gubernaturas

LA OMISIÓN, desde el punto de vista jurídico, es una conducta que conlleva a la abstención de una actuación que constituye un deber legal, es decir, que no se realice determinada acción a la que estábamos obligados por mandato. La ley establece que en los delitos de resultado material será atribuible el resultado producido a quien omita impedirlo en los siguientes casos: 1.-A quien de acuerdo con las circunstancias tenía el deber jurídico de evitar que se produjera el suceso. 2.-A la persona que aceptó efectivamente la protección del bien jurídico ya sea la salud, la vida, el patrimonio y no lo procuro. 3.-Al que con una actividad precedente, culposa o fortuita, genero el peligro para el bien jurídico o, 4.-A la persona que se halla en una efectiva y concreta posición de custodia de la vida, la salud o integridad corporal de algún miembro de su familia o de la persona que tiene a su cuidado y no procuro su protección. En Michoacán, por ejemplo, la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación mantienen bloqueadas las vías del ferrocarril en los municipios de Lázaro Cárdenas, Maravatío, Pátzcuaro, Nueva Italia y La Piedad, entre otras, debido a la falta de pago por parte del Gobierno Estatal, lo que ha propiciado perdidas al sector industrial por 1 mil 400 millones de pesos por la detención de más de 500 carros de ferrocarril, y aun cuando la obstrucción de vías tiene un castigo que va de tres meses hasta siete años de prisión; inutilización de las señales, de 15 días a seis años, y alteración de señalamientos, de uno a cinco años, el Gobierno Federal se niega a intervenir porque la política del actual Presidente Andrés Manuel López Obrador, incluso, contra la delincuencia organizada es de “amor y paz” y cero represión.

CIERTAMENTE, NADIE desea un Presidente represor, pero tampoco que violente la ley por omisión, por miedo o por la razones que fueren, y menos cuando se cometen delitos que afectan a los gobernados o contra la planta productiva que es la que genera riqueza y empleos, porque atentar contra vías generales de comunicación es un grave ilícito, y la ley así lo contempla cuando señala que: “las vías de comunicación fueron construidas con la intención de comunicar al ser humano, y con el paso de los años se han convertido en punto clave para el desarrollo e infraestructura de cualquier País, ya que son consideradas fortalezas económicas y permiten un mejor desarrollo de la sociedad. Como vías de comunicación, la Constitución identifica: caminos, carreteras, áreas marítimas, áreas ferroviarias y red de telecomunicaciones que brindan acceso a escuelas, hospitales, fábricas y comercios, enriqueciendo a la sociedad y generando un constante desarrollo.

POR ELLO, dice el Código Penal Federal, interferir o alterar cualquiera de esas vías es considerado un delito que se califica como un ataque directo, y las penas por estas conductas pueden ir desde 15 días hasta 30 años de prisión dependiendo de la gravedad (Libro Segundo, Título Quinto, Capítulo I del Código Penal Federal). Es tan grave el ilícito que la Fiscalía General de la República pone al servicio de la sociedad las 24 horas los 365 días del año para denunciar un hecho de esa naturaleza el número 01 800 00 8 54 00, el correo electrónico: atencionfgr@nullfpgr.gob.mx o acudiendo personalmente, o para mayor información el sitio www.gob.mx/fgr e, incluso, exhorta: “Si conoces o sabes de alguien que realice este tipo de delitos, no te calles y denuncia”. Y uno se pregunta: si en Michoacán y Colima se están cometiendo esos ilícitos: bloqueo de trenes; obstrucción a las vías ferroviarias, inutilización de señales y alteración de señalamientos, ¿porque el presidente Andrés Manuel López Obrador no aplica la ley tomando en cuenta que ya existen denuncias de carácter Federal, ya que el tema corresponde a ese fuero?. Y es que el asunto podría tornarse expansivo, de tal suerte que otros grupos, al ver que el Presidente es “débil” o no está dispuesto aplicar el Estado de Derecho en aras de no perder popularidad, podrían imitar o reproducir esas acciones, convirtiendo a México en una anarquía. Y es que de acuerdo al Artículo 87 Constitucional.- El Presidente, al tomar posesión de su cargo, protestará ante el Congreso de la Unión o ante la Comisión Permanente, en los recesos de aquél: “Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere que la Nación me lo demande.

HAY QUIENES afirman que López Obrador no quiere actuar utilizando la fuerza pública contra nadie que cometa delitos en el País, a propósito de las seis Gubernaturas que estarán en juego el próximo año –inicialmente eran cinco pero con la muerte de la ex mandataria de Puebla, Martha Erika Alonso Hidalgo y su esposo el Senador Rafael Moreno Valle se amplía a seis-, ya que de hacerlo teme que su imagen se deteriore y el respaldo que recibió el primero de Julio del 2018 se troque en desencanto para los abanderados de su partido, pues no hay que olvidar que el Movimiento de Regeneración Nacional es, tácitamente, López Obrador, y lo que viene no es poca cosa si se toma en cuenta que el domingo 2 de Junio estarán en juego las Gubernaturas de Aguascalientes, Baja California, Durango, Tamaulipas, Quintana Roo y, por supuesto, Puebla; en total, 142 cargos que AMLO desea agenciarse, ya que, paralelamente, al Gobernador, en Aguascalientes se elegirán 11 alcaldías; En Baja California, 5 y 25 diputaciones; En Durango 39 alcaldías; en Quintana Roo, 25 diputaciones y en Tamaulipas 36 diputaciones.

REPRIMIR EN estos momentos a la CNTE o cualquier otro grupo, incluida la delincuencia organizada, traería un cambio de imagen a López Obrador y su partido, algo que no desea arriesgar el tabasqueño por más que se violente la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública que en su Artículo segundo determina que: “La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los

Estados y los Municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos, la investigación para hacerla efectiva, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos, y en el caso de Michoacán, el ilícito que se comete es Federal. En fin, pueden más seis elecciones que la aplicación de las leyes, Así de simple. OPINA carjesus30@nullhotmail.com