Por Juan Ignacio Martínez Franco

Nuevos Partidos Políticos. Transversalidad de las normas a cumplir y participación ciudadana

Nuevas aspiraciones se observan con la petición formulada ante el organismo electoral de Veracruz para el registro de un nuevo Partido Político Local, al igual que la petición de registro de otro a nivel nacional, en ambos casos encabezados por ex políticos, destacando las figuras políticas eminentemente conocidas por su militancia en el partido que gobernó la Federación de los años 2000 al 2012.

Efectivamente, la figura de los partidos tiene su origen en la Constitución[1], sin embargo, es evidente la decadencia de los partidos políticos con tiempo de vida contable en décadas, que además, durante todo ese tiempo han sido mantenidos con recursos públicos y no obstante, su objetivo de trabajar por el bien de la sociedad, poco se ha visto reflejado y hablar de resultados destacados resulta casi imposible.

En los últimos tiempos, los partidos políticos se caracterizan por estar relacionados con actos de corrupción, sobornos, disputas internas por detentar el poder y ni qué decir de los gobernantes que emergen de los partidos políticos, muchos de ellos procesados y sentenciados por incumplimiento del deber legal, enriquecimiento ilícito, sólo por nombrar algunos de los delitos en que han cometido, sin olvidar aquellos casos que quedan impunes.

Muy a pesar de que el Estado mexicano necesita el fortalecimiento de todas sus instituciones, en temporadas de campaña sólo se escuchan descalificaciones personales entre candidatos y grupos parlamentarios, noticias de compra de votos y en últimas fechas hasta robo de urnas y violencia en las casillas de votación.

Es difícil para el ciudadano común, estar pendiente de las implicaciones, objetivos, metas y demás acciones que deben realizar los representantes de los ciudadanos y si no utilizo el concepto pueblo, es con el ánimo de hacer notar que México no es pueblo, ni sus ciudadanos pueblerinos, México es una República Democrática y uno de los fines primordiales de los partidos “promover la participación de las personas en la vida democrática”[2].

Los resultados de las elecciones del año 2018 hicieron notar el descontento social por los partidos políticos que vienen gobernando por décadas y el que llegó a posicionarse actualmente en el poder, no es el mejor por trayectoria, conocimiento, propuestas o por sus propios políticos, más bien concurrieron múltiples causas, siendo las más evidentes, el descontento por los graves problemas sociales, como el narcotráfico, delincuencia organizada, violencia de género, desapariciones forzadas y ni qué decir de la deficiencia en los servicios públicos (salud, educación, etcétera).

Lo anterior hace campo propicio y tierra fértil para la creación de nuevos partidos políticos, seguramente con la creencia absurda por parte de sus fundadores, de que el ciudadano no tiene memoria, nuevos partidos políticos, con los mismos políticos, o políticos que van saltando de partido en partido, con el riego de que sea más de lo mismo y las mismas prácticas, sólo a esa clase se le ocurre pensar que puede llegar a legitimarse y engañar a la sociedad con sus reiteradas propuestas vagas y sin sentido.

La nueva política requiere científicos de las ciencias políticas y no improvisados jugando a gobernar y legisladores aprendiendo a hacer Leyes, que con posterioridad deberán ser analizadas por el Tribunal Supremo del País para declararlas inconstitucionales, inválidas o inaplicables.

Si bien es cierto, las políticas de transparencia, fiscalización y anticorrupción abonan a la vigilancia y cuidado de los recursos públicos, como debió ser siempre, es momento que los ciudadanos mantengamos el activismo participativo que incida en la planeación, toma y ejecución de las decisiones adoptadas por las entidades de interés público[3] como los partidos políticos. Es tiempo de opinar de manera consciente e informada la actuación de todas las entidades públicas, ejercer el derecho humano de buscar, recibir y difundir la información como bien público, que no es propiedad exclusiva del Estado.

De cierta forma, los ciudadanos no deberíamos permitir la entrega de credenciales para votar a las asociaciones que posteriormente pretenden alcanzar su registro como partido político, sin siquiera saber el peligro al que exponemos nuestra identidad al entregar nuestros datos personales, lo cual incluso, puede invadir el campo de nuestra intimidad y quizá no mucha gente sabe que, como titular de sus datos personales, en todo tiempo tiene derecho de exigir el acceso, rectificación, cancelación y oposición a que sean utilizados.

Esto viene a colación porque para alcanzar el registro es necesario contar con una cantidad de miles de datos contenidos en las credenciales para ejercer el sufragio, lo cual hará circular miles o quizá millones de datos personales sensibles, de los que no se tiene certeza acerca de las medidas de seguridad implementadas para su tratamiento y protección[4].

No obstante, cada persona es libre de adherirse libre e individualmente a cualquier agrupación que pretenda constituirse como partido político, que para el logro de su cometido debe cumplir con todos los requisitos señalados en las leyes electorales, lo cuales son presentados y deben ser revisados por los organismos electorales a nivel nacional y estatal. Por lo anterior, se debe acreditar la celebración de asambleas, que en estas no intervinieron organizaciones gremiales, número de afiliados, entre muchos otros[5].

Lo anterior no puede ser realizado de manera discrecional o en la oscuridad legal, pues al ser los partidos políticos (si es que alcanzan su registro) entidades de interés público están obligadas a dar a conocer todas las actividades, recursos públicos recibidos y ejercidos y los actos de autoridad que ordenen o ejecuten y lo mismo ocurre con los organismos electorales, pues ambos están obligados a poner en la vitrina pública toda la información que generan o tienen en su posesión para que el ciudadano sea un fiscalizador de las actividades por las que eroga sus recursos propios.

En conclusión, no es suficiente la pretensión por registrar un partido político, hay una serie de requisitos previos y derechos fundamentales que se deben proteger y garantizar, para ello, es fundamental que los solicitantes de registro de nuevos partidos políticos comprendan la transversalidad que se da entre las leyes en materia electoral, transparencia y acceso a la información, protección de datos personales, fiscalización y anticorrupción, por otra parte, los ciudadanos debemos participar de manera activa, haciendo valer que “el poder público dimana de la ciudadanía, se instituye en beneficio de la sociedad y en todo tiempo tenemos el inalienable derecho de alterar o modificar nuestra forma de su gobierno”[6].

Una pregunta queda para la reflexión ¿Dónde tienen su origen los recursos económicos que serán utilizados por quienes pretenden constituirse como partidos políticos, para todas las actividades de afiliación y asambleas? Tomando en consideración que muchas actividades implican traslado a diversos lugares (del Estado o la República), gastos de hospedaje, comidas, combustibles, papelería, incluso renta de lugares para las asambleas…

[1] Ver artículo 41, fracción I de la Constitución Mexicana.

[2] Ver artículo 41, fracción  I, párrafo segundo de la Constitución Mexicana.

[3] Ver artículo 35, fracción I de la Constitución Mexicana.

[4] Los requisitos aquí mencionados y muchos más, pueden verificarse en los artículos 10 y 11 de la Ley General de Partidos Políticos.

[5] Ver artículos 12 y 13 de la Ley General de Partidos Políticos.

[6] El entrecomillado es parafraseado del artículo 39 de la Constitución Mexicana.