Urge promulgar la Ley 287 del Instituto de Pensiones del Estado vetada por Miguel Ángel Yunes, o el recién instalado Consejo Directivo de esa institución estará en el limbo, advirtió Rodolfo Suárez Castellanos, presidente del Consejo de Jubilados y Pensionados de Veracruz, A.C.

Aplaudió que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez y la directora del IPE, Daniela Griego Ceballos, instalaran el miércoles ese consejo directivo, pero aclaró que por ahora navega en la nada pues deriva de una reforma aprobada en el Congreso el 26 de julio de 2018 pero vetada por Yunes Linares.

Además deja fuera a los jubilados del gobierno estatal, y ellos quieren participar en las decisiones de una institución en la que tienen injerencia directa, subrayó.

Demandó que los presidentes de la Mesa Directiva, la Junta de Coordinación Política y el secretario general de la actual Legislatura Local se pongan de acuerdo para someter a consideración de los 50 diputados en funciones el documento vetado por el exgobernador de 2 años.

“Que de una vez por todas tengan una conclusión y al gobernador le digan ‘ésa es nuestra conclusión, publíquela’; hay que reactivarla, necesitamos que los legisladores nos digan ya cuál es el estatus que guarda esa reforma que se vetó.

“Pero no recibimos ninguna comunicación pública y entonces nos preocupa de manera tal que sí queremos insistir en que la Legislatura es la responsable de este caos”, subrayó Suárez Castellanos.

ADEUDOS

El presidente del Consejo de Jubilados y Pensionados de Veracruz aclaró que también se debe resarcir el daño económico causado en los últimos años a ese amplio sector de toda la entidad

“Reparar el daño del IPE no consiste nada más en recuperar, en conminar a los entes a que paguen los 8 mil millones de pesos que deben; ya la conminación sale sobrando. Hay que obligarlos a que paguen y con el 5 por ciento de los intereses que marca la ley.

“Y decirle al fiscal que ya integre la carpeta en la cual los jubilados denunciamos un saqueo de 25 mil 500 millones de pesos de los anteriores gobernadores. De los 8 mil millones no le han pagado nada al instituto; y de los 25 mil 500 millones tampoco se ha integrado ninguna averiguación”, señaló Suárez Castellanos.

Recordó que desde el año 2016 pidieron integrar esa carpeta de investigación por 25 mil 500 millones de pesos y es la fecha en que el fiscal no ha movido un solo dedo al respecto y aunque lo han buscado, nunca los recibe, lo que calificó de mal comportamiento.

Dijo finalmente que en este nuevo gobierno estatal sí les han pagado puntualmente sus pensiones. El problema es para los recién jubilados pues deben esperar 7 meses para que les llegue el primer pago, y cuando llega el primero, el atrasado les cae 12 meses después.

Estimó que unas 2 mil personas sufren esa situación burocrática.

HeladioCastro/ AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO