Se trata de los funcionarios activos en la paraestatal: Miguel Ángel Lozada Aguilar, director general de Pemex Exploración y Producción (PEP); Héctor Salvador Salgado Castro, subdirector de Coordinación Operativa y Comercial de Pemex-PEP, y Luis Galván Acros, gerente de Operación y Control Financiero, Procesos Industriales y Logística.
“Vamos a pedirles a estos servidores públicos que dejen sus cargos y que se termine la investigación que está en curso porque no podemos nosotros tolerar nada que tenga que ver con corrupción, ni siquiera aceptar sospechas”, fueron las palabras de Andrés Manuel López Obrador respecto a los tres funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) que están presuntamente involucrados en ‘La Estafa Maestra’ y que dejarán sus cargos, ya que  el mandatario aseveró que “no se tolerará ninguna sospecha de actos de corrupción”.

Estos, “participaron como firmantes responsables de 25 convenios de Pemex con instituciones públicas de educación superior entre 2012 y 2018”, señaló la Secretaria de la Función Pública, Irma Sandoval, quien también confirmó que las empresas que se vieron beneficiadas con los contratos de la Estafa Maestra tenían como socios a  los funcionarios mismos o que eran empresas fantasmas.

La Secretaria de la Función Pública dijo que existen indicios que pudieron llegar a haber fincado responsabilidades a los servidores públicos; por ello, explicó que la SFP ha pedido cinco acciones:

La Secretaría de la Función Pública (SFP) ha iniciado tres investigaciones para detectar probables inconsistencias en el patrimonio de los tres funcionarios implicados. A partir de los resultados se dará inicio a los procesos correspondientes.

Cuatro investigaciones que habían sido archivadas por falta de elementos, pudieron tener irregularidades y omisiones, por lo que el órgano interno de control de la SFP ha iniciado investigaciones para saber si hubo tanto omisiones como negligencias.

La SFP auditará al órgano interno de control de Pemex-Producción.

Además, la SFP realizará auditorías a los convenios posteriores realizados por Pemex Exploración y Producción.

También, la SFP presentará ante la Fiscalía las denuncias correspondientes que surjan con el paso del tiempo.

La Secretaria dijo que con base en los riesgos del desfalco, las SFP inició tres investigaciones en materia de evolución patrimonial, que son casos como enriquecimiento ilícito y dijo que habría confianza en que cada uno de los involucrados pondrá de su parte en este proceso y ya con los resultados se iniciarán los procedimientos correspondientes.

Sandoval detalló información sobre el contrato de Loza Aguilar, y dijo que el convenio específico para la prestación de servicios que celebró Pemex Exploración y Producción que firmó el ingeniero con la Universidad Popular de la Chontalpa y que tenía como objeto realizar servicios en materia de asistencia técnica de producción y perforación de pozos.

Este tenía un monto máximo de 140 millones de pesos, pero el contrato rebasó el limite y finalizó en más de 145 millones 841 mil pesos.

El contrato tenía un plazo para ejercer los recursos de  3 de abril de 2012 y el 31 de diciembre de 2014. Se corroboró que la institución educativa no contaba con la capacidad de dar los servicios, por lo que se subcontrató a terceros, sin embargo, estos tampoco contaban con la capacidad para dar los servicios.

Respecto al contrato de Salgado Castro, el contrató que firmó PEP a través del ingeniero Castro, con el Instituto Superior de Comalcalcotenía como objeto realizar servicios técnicos especializados para el desarrollo de campos de exploración y producción.

Además, Irma explicó que dicho contrato tenía como monto máximo una cantidad de 80 millones, para el periodo del 22 de abril al 17 de diciembre del 2013. No obstante, el convenio también rebasó el tope y ascendió a 99 millones 935 mil 551 pesos pagados en 20 órdenes de servicio.

En el contrato se estableció que el Instituto Superior de Comalcalco contaba con la capacidad legal y técnica para proporcionar los servicios y que se comprometió a que no podía subcontratar a terceros. Sin embargo, para cumplir con los objetivos, el Instituto hizo subcontrataciones correspondientes al 93 por ciento de los servicios.

Con información de VanguardiaMX