Por si acaso
Por Carlos Jesús Rodríguez Rodríguez

*Nepotismo en la ST de Cuitláhuac
*Descarado acomodo de familiares

MÁS QUE un Gobierno Estatal y un Fiscal General del Estado, lo que hay en Veracruz –o al menos eso demuestran los protagonistas- es un grupo de “chamacos” –ya no tan chamacos- jugando a Gobernar-, que por berrinches palaciegos están poniendo en riesgo la seguridad y tranquilidad de los veracruzanos. Se trata de enfrentamientos poco serios que ponen de relieve no solo la ausencia de oficio político –de ambos- sino el autoritarismo a ultranza: el “aquí mando yo” y “solo mis chicharrones truenan”, mientras la delincuencia se reparte el territorio veracruzano, pues al final de cuentas ni a Cuitláhuac García Jiménez –titular del Ejecutivo- ni a Jorge Winckler Ortiz –responsable de la procuración de justicia- les preocupa, mayormente, su propia seguridad, resguardados como andan con decenas de guardaespaldas armados, como dice Arjona “desde el pelo hasta la punta de los pies”, privilegios que el pueblo que es obligado a pagar derecho de piso, víctima de robos, asaltos, secuestros, extorsiones y, en el peor de los casos, ejecuciones, no tiene, porque esos lujos solo son para privilegiados. Pero ellos se dan el placer de escenificar pleititos sin sustento, de echarse culpas, de ejercer venganzas palaciegas, de no encontrarse en eventos públicos que son de vital importancia para la seguridad, de sorrajarse en cara las incompetencias y fracasos, mientras la sociedad ya no ve la suya, y en municipios como Coatzacoalcos familias abandonan el terruño por miedo; en Xalapa cierran negocios, en Poza Rica y el norte se acrecientan cobros de piso y secuestros, lo mismo que en casi todo el sur y centro. Pero los niños siguen jugando a ser Gobierno, porque no tienen otra cosa mejor que hacer por ausencia de operadores o asesores que los “serenen” y encausen los verdaderos conflictos hacia soluciones sólidas.

EL COLMO –y no defendemos a Jorge Winckler porque a decir verdad, es indefendible por su esencia desleal- fue prohibir el ingreso del Fiscal General a la reunión de seguridad que tuvo como escenario la tercera zona naval en Coatzacoalcos. El abogado de origen oaxaqueño llegó puntual a la cita que dice haber sido convocado, pero le negaron el ingreso bajo el argumento de que no estaba en lista, aunque Winckler Ortiz debería entender que con esa “jugada” si está en “lista”, y que acaso este viernes le hagan saber en cual, cuando por lo menos 34 legisladores que ya sucumbieron a las mañas del General Álvaro Obregón Salido voten a favor del Juicio Político en su contra, lo que llevará su caso ante el Tribunal Superior de Justicia, concretamente a la sala constitucional –donde aún le quedan ciertos “aliados”- que, sin duda, podrían decidir dejarlo solo si desde la Presidencia les llega la instrucción. Dicen los que saben que la instrucción de impedir el paso del acelerado funcionario judicial obedece a un solo hecho: que llevaba consigo una carpeta con la que pretendía evidenciar la inoperancia del Gobernador Cuitláhuac García Jiménez, del Secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado y del mismísimo Secretario de Gobierno, Erick Patrocinio Cisneros Burgos (EPACIBUR), mostrando que en Veracruz desde la llegada del nuevo Gobierno han ocurrido casi 480 asesinatos dolosos, un sinfín de feminicidios, tantos secuestros que ponen al Estado como campeón de ese ilícito, y un número inimaginable de robos y asaltos. Le urgía a Winckler mostrar esa realidad que con Miguel Ángel Yunes Linares no se atrevía a evidenciar, y por ello entregó una copia al súper delegado Manuel Huerta Ladrón de Guevara que ahora viaja en una lujosa camioneta Suburban con chofer y guardaespaldas, algo que decía detestar en sus tiempos de activista social pero, mala suerte. No vinieron los funcionarios federales convocados a esa cumbre, como si le hicieran feo al Gobernador que, por cierto, trae más seguridad que Arturo Bermúdez Zurita en sus tiempos de máxima gloria.

NADIE, ABSOLUTAMENTE nadie dio una explicación al “enchilado” Fiscal que permaneció casi dos horas bajo el sol de 32 grados de Coatzacoalcos, y Huerta al tomar la carpeta que, por otra parte le urgía tener, solo le dijo que vería que estaba ocurriendo y por qué no le dejaron pasar. Lo cierto es que estaba programada la visita del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño y hasta de los titulares de Marina y Defensa Nacional que de última hora cancelaron, y solo mandaron a segundones como si Coatzacoalcos, que está insertado como uno de los municipios más peligrosos del País, no importara. En ese tenor, lo que parecía una cumbre de seguridad se convirtió en un fracaso sin la presencia de quienes deciden los apoyos necesarios para echar a andar programas sustantivos que permitan a los veracruzanos vivir en Paz. En fin, esos berrinches de García Jiménez y Winckler, consecución de acusaciones previas, están provocando severos conflictos al Estado.

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ALGO NO anda bien en la Cuarta Transformación veracruzana, cuando funcionarios de primer nivel del gabinete usan cargos públicos para acomodar a familiares cercanos: hijos, hijas, esposos, cuñados y toda esa cauda de arribistas que de no ser porque les tocó la suerte a un pariente encumbrado, seguirían desempleados u ocupados en posiciones menores de la administración pública o del sector privado. Tal es el caso de la Secretaria de Trabajo, Previsión Social y Productividad, Guadalupe Argüelles Lozano, quien metió a la nómina de esa dependencia a su hija Quetzalli Cárdenas Argüelles -de su primer matrimonio-, y todavía tuvo la desfachatez de reunir a los empleados para informales y que no anduvieran de “chismosos”. También metió a su yerno Jonathan Antonio Martínez Zamora; a su tío Nahúm Argüelles Lozano, a su hermano Juan Argüelles Lozano y a su sobrino Adair Aguirre Calte, como si la dependencia fuera una empresa de su propiedad.

QUETZALLI CÁRDENAS Argüelles fue designada, por lo pronto, como Jefa del Departamento Jurídico y de Amparos, en sustitución de Mónica Rivas Rodríguez, mientras que a su yerno, Jonathan Antonio Martínez Zamora se la dio de analista administrativo en la Unidad de Transparencia con un sueldo mensual de 22 mil 412 pesos. De asesor principal tiene a tío Nahúm Argüelles Lozano y como chofer a su otro tío, Juan Argüelles Lozano que, no obstante lo anterior logró colar a su esposa como secretaria dentro de la oficina principal. Pero la cosa no para allí: Adair Aguirre Calte, su sobrino fue nombrado analista administrativo en el área de Servicios Generales, algo que demuestra que una cosa es lo que recomienda Andrés Manuel López Obrador y otra muy distinta lo que hacen los MoReNos que si no es ahora, cuándo.

OPINA carjesus30@nullhotmail.com