Por Juan Ignacio Martínez Franco

Declaraciones Patrimoniales. Herramientas ciudadanas contra la corrupción  

Cuando los hechos recientes posesionan a la sociedad como víctima de actos contrarios a derecho (opacidad, corrupción, enriquecimiento ilícito) por parte de servidores públicos y gobernantes, siendo los ciudadanos contribuyentes directos del gasto público, es decir, del pago de sueldos y salarios para todo tipo de funcionarios, no importando si son municipales, estatales o federales, indudablemente es de interés público mantener la vigilancia acerca de la evolución patrimonial de los empleados del Estado y levantar la voz ante la simulación y ocultamiento de bienes de todo tipo por parte de estos.

En los últimos días ha causado gran interés y relevancia la presentación de declaraciones de situación patrimonial de diversos Secretarios del Poder Ejecutivo Federal, se debate “que no se declara de manera completa, que no se declaran ciertos bienes adquiridos como casas, terrenos, condominios, etc, incluso el uso de prestanombres” y al final la noticia se convierte en todo, menos en análisis objetivo y provechoso para la sociedad (desinformación).

Por otra parte, la instrucción del titular del Poder Ejecutivo Federal para que todos sus (nuestros) subordinados declaren el patrimonio propio, no es – en estricto sentido – una voluntad personal redentora, pues las declaraciones, patrimonial, de intereses y fiscal, actualmente son una obligación que se debe cumplir por disposición imperativa de las normas secundarias, General (Ley General de Responsabilidades Administrativas)[1] y de las Locales de las Entidades Federativas.

Si bien, las declaraciones, en este caso la patrimonial, tiene el efecto de evidenciar las propiedades (muebles, inmuebles, valores) que actualmente tienen en su esfera personal los servidores públicos, ese no es el fin último de las declaraciones, su objetivo primordial es prevenir hechos de corrupción y limitar la adjudicación o ingreso de nuevas propiedades o bienes con costos que no corresponden a los recursos públicos que son obtenidos como ingresos por concepto de sus sueldos, salarios y demás remuneraciones (enriquecimiento inexplicable).

Cabe acotar que las declaraciones, en sus tres variantes (patrimonial, de intereses y fiscal)  solo son un pequeño iceberg del entramado de políticas anticorrupción diseñadas por el Estado Mexicano, que deben servir para disminuir la tan penosa e imperante corrupción que actualmente nos tiene en un espantoso lugar 138[2], solo la aplicación eficiente de los mecanismos de coordinación transversal de las diversas entidades públicas encargadas del combate a la corrupción, permitirá que se logren los objetivos de la transparencia y rendición de cuentas[3].

Es indispensable la coordinación entre los Sistemas Nacionales: de Transparencia[4], Fiscalización[5] y Anticorrupción[6], donde la Secretaría Ejecutiva del último, es quien debe llevar el sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal, a través de una Plataforma digital nacional[7].

Bajo ese contexto, las dichosas declaraciones patrimoniales vienen a ser una herramienta para vigilar que el servidor público no ingrese al servicio (pobre) y de la noche a la mañana se convierta en potentado del poder público, con riquezas que se vayan inflando en formas estratosféricas y desmedidas, que no correspondan a lo que ha ganado durante su estancia en el servicio público (empleos, cargos o comisiones) y sin poder explicar la procedencia de todas ellas (casas, carros, ranchos, etc).

A los ciudadanos lo que realmente debe interesarnos, es con cuanto llega el servidor público al ingresar a un puesto o cargo y con cuanto se va, que no solo es la presentación de la declaración de situación patrimonial por ingresar a un puesto o cargo público y fin del cuento, pues de estas hay tres tipos (inicial, de modificación patrimonial y de conclusión en el encargo)[8], además, las patrimoniales obligan a que se realicen las de intereses y hay diversas entidades públicas que deben vigilar la evolución patrimonial, así como los tiempos de presentación de cada una.

Es importante saber cómo funcionan las declaraciones, para ello el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción emite los formatos[9] de declaraciones: patrimonial y de intereses, donde se puede observar que las obligaciones se agrupan en cinco secciones: de información personal, intereses, ingresos, activos y pasivos, que a su vez contienen otras subcategorías. Porque efectivamente no se pueden presentar como cada quien quiera o se le ocurra.

Las declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscales, no deben ser vistas como una moda o bondad del gobierno, son una obligación que deriva de diversas disposiciones en materia administrativa, a lo que hay que adicionar la existencia de un régimen establecido de faltas administrativas, calificadas desde no graves hasta graves y que las sanciones pueden ir desde una amonestación pública o privada hasta inhabilitación para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.

Un último aspecto es que los órganos de control internos – en la mayoría de los casos – son las responsables de realizar dichos trámites y vigilar además de manera periódica que las declaraciones estén publicadas y actualizadas en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia de la Plataforma Nacional de Transparencia y en los portales electrónicos oficiales de las entidades públicas para consulta y análisis de cualquier ciudadano[10].

La corrupción no disminuye por la voluntad de los gobernantes, disminuirá con la participación activa de los ciudadanos dispuestos a convertirse en agentes de cambio, para no permitir que se repita la historia.

[1] Consultable en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGRA.pdf

[2] Visible en: https://www.transparency.org/cpi2018

[3] A partir del artículo 9° y hasta el 14 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas se especifican las autoridades vinculadas al cumplimiento de lo comentado

[4] En http://snt.org.mx/ puede conocer este Sistema

[5] En http://www.snf.org.mx/inicio.aspx puede conocer este Sistema

[6] En http://sna.org.mx/ puede conocer este Sistema

[7] Ver capítulo III, Sección primera, artículos 26 en delante de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 49 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción

[8] Ver artículo 33 de la Ley General citada

[9] Puede consultar el acuerdo en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5544152&fecha=16/11/2018

[10] Ver artículos 70, fracción XII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información y 15, misma fracción de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información para el estado de Veracruz