Con la entrada del nuevo código de ética, funcionarios y funcionarias del gobierno federal adquirieron la obligación de manejarse bajo un lenguaje incluyente.

Desde el pasado 6 de febrero de 2019, todos los funcionarios y funcionarias del gobierno federal adquirieron la obligación de manejarse, en todos los ámbitos de sus atribuciones y competencias, bajo un “lenguaje incluyente”, por lo cual todas las “comunicaciones institucionales” de la administración pública deberán “visibilizar a ambos sexos”.

Tal como establece el nuevo “Código de ética de las personas servidoras públicas del gobierno federal”, publicado el pasado 5 de febrero en el Diario Oficial de la Federación, las personas que desempeñen un “empleo, cargo o comisión” gubernamental, o en alguna de sus empresas productivas (como Pemex o CFE), ahora están obligados a “eliminar el lenguaje discriminatorio basado en cualquier estereotipo de género” durante el cumplimiento de sus funciones.

Igualmente, el Código de Ética les impone la obligación de “fomentar una cultura igualitaria e incluyente”, por lo cual promoverán “la igualdad entre mujeres y hombres”, además de que deberán respetar “la identidad y orientación sexual” de las personas.

El objetivo de esta medida, señala el documento (emitido por la Secretaría de la Función Pública) es lograr la “institucionalización de la perspectiva de género en el servicio público”.
Por ello, quienes cumplan alguna función en el servicio público federal “deberán brindar un trato igualitario a todos los individuos”, por lo que de ahora en adelante, queda totalmente prohibido que incurran en “cualquier acción u omisión que menoscabe la dignidad humana, derechos, libertades o que constituya alguna forma de discriminación”.

Cabe destacar que este comportamiento ético no sólo es una obligación de servidores públicos en relación con la población que deben atender, sino que también deben ejercer los mismos valores en el trato con el resto de sus compañeras y compañeros de trabajo, independientemente de su escalafón, “con el objeto de generar ambientes que privilegien el respeto de las personas”.

El lenguaje incluyente, explicó Silvia Solís, representante de la organización Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia AC, procura el reconocimiento “de todos los tipos de poblaciones que existimos, y que se deje de usar un lenguaje que siempre invoque a lo masculino, porque en esas formas de comunicación, todo lo femenino, y todas las diversidades, quedan totalmente invisibilizados”.

Por esa razón, explicó Solís, el que se vuelva obligatorio el uso de lenguaje incluyente en todas las comunicaciones institucionales del gobierno federal “es algo muy bueno, porque da muestra de una intención de política pública para institucionalizar una forma de comunicación en la que, desde el movimiento feminista, venimos insistiendo desde siempre”.

Contemplar de forma explícita a hombres y mujeres, explicó, es algo necesario “porque lo que no se nombra no existe. El lenguaje es la herramienta con la que explicamos el mundo, y esa explicación debe incluirnos a todas y a todos”.

Así, subrayó, incluir esta disposición en el Código de Ética del gobierno federal es muy buena noticia, pero ahora hay que esperar que lo cumplan: ya en el sexenio pasado, Enrique Peña Nieto había anunciado con bombo y platillo que su plan nacional de desarrollo iba a estar cruzado transversalmente por la perspectiva de género y de derechos humanos, pero nunca cumplió. La perspectiva de género no se aplicó ni siquiera en las políticas directamente relacionadas con mujeres”.

Además, señaló la integrante de Equidad de Género AC (organización con 22 años de trayectoria en la formación de liderazgos femeniles), la aplicación del lenguaje incluyente no puede considerarse más que un ingrediente, en un proceso que tendría que contemplar muchos otros elementos.

“Aplicar perspectivas de género es algo que falta prácticamente en todos los rubros del gobierno mexicano –señaló la especialista–, tendría que reflejarse en el presupuesto, en la política social, en la política educativa, en la política de salud, en la política de seguridad, en todos los ámbitos de competencia del gobierno, cuyos integrantes están obligados a atender las necesidades de la población”.

De todos los rubros pendientes, subrayó, “el más grave es el de la violencia: de los 12 feminicidios que se cometen en América Latina diariamente, México aporta nueve; hay un montón de alertas de género que ni siquiera son cumplidas; existen ejemplos de violencia institucional en distintos rubros del ejercicio público, entonces, qué bueno que estén haciendo esto de hacer obligatorio el uso del lenguaje incluyente en las comunicaciones institucionales, pero es necesario que lo reflejen en otro tipo de políticas también”.

Con información de AnimalPolítico