Programas Sociales. Guarderías o Estancias Infantiles

Por Juan Ignacio Martínez Franco

Gran parte de la población Mexicana está integrada por el sector laboral, sea en la iniciativa privada o sector público, de esa población una enorme cantidad tiene hijos menores de edad,  con la necesidad de mantenerlos bajo el cuidado de las (según, mal llamadas) Guarderías (que ya no son guarderías) ahora “Estancias Infantiles” para poder cubrir sus horarios laborales y con ello obtener un sueldo o salario.

No obstante, existe un interés superior de la niñez que el Estado debe proteger de manera plena[1], atendiendo a los parámetros que establece la Constitución Mexicana y los Tratados internacionales[2] que México está obligado a respetar, por ello, el tema de los programas sociales para este rubro – Guarderías o Estancias Infantiles – debe ser de especial cuidado y atención, la deficiente aplicación de una estrategia operativa o política pública puede impactar a la niñez al grado de restringir o vulnerar sus derechos humanos.

Es ilegal sacrificar el bienestar de la comunidad infantil, con el pretexto de combatir la  corrupción en las instituciones que se encargan de la planeación, tramitación y entrega de recursos públicos dentro de programas sociales como los que tienen por objetivo apoyar el funcionamiento de los centros de cuidado de los menores de edad.

Se declara que en el pasado, la entrega de apoyos tuvo intereses partidistas, que se detectaron informes “adulterados”, según el gobierno, aproximadamente 300 000 niños tienen derecho a ese servicio, según la nueva política, se entregarán 1600 pesos bimestrales (por niño) por 300 000 (es una muy buena cantidad de recursos públicos), cito textual “si son dos, el doble” según lo declarado, ahora… lo que nunca se dice es como se va a transparentar en la actualidad, ese apoyo directo (sin intermediarios) ¿es realmente la fórmula mágica para erradicar la corrupción o siquiera para disminuirla?

¿Que acaso? ¿No es responsabilidad del gobierno, el manejo correcto de los recursos públicos? Si los recursos públicos no son utilizados de manera eficiente, transparente y para dar cumplimiento en los términos que fueron autorizados en los presupuestos de egresos, no es responsabilidad de la niñez, es responsabilidad de los servidores públicos que en determinado tiempo o ejercicio desempeñaron los cargos públicos y es a quienes se debe sancionar, incluso inhabilitar para ocupar nuevamente empleos públicos y no sacrificar a la niñez, con la pretensión de que el recurso público se entregará – de manera directa – a los padres y que los cuiden hermanas, tías o abuelos (pareciera mal chiste pero no).

No es que no existan mecanismos – al caso concreto – para combatir la corrupción, todo lo contrario, el gobierno tiene la obligación de actuar dentro del marco legal que le resulta aplicable, utilizar las normas diseñadas para transparentar sus actos y el uso o aplicación de recursos públicos e implementar políticas públicas permanentes y progresistas para que exista una mayor rendición de cuentas.

Por ello, es importante destacar que en materia de transparencia, la fracción XV, del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública[3] prevé que todas las entidades públicas que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad deben publicar la información que se refiere a “programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se deberá informar respecto de los programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social y de subsidio” ahora bien, este mismo contenido normativo existe en las Leyes Locales de las 32 Entidades Federativas, por lo tanto, no se eximen de la  responsabilidad servidores públicos municipales, estatales o federales.

Entonces, la mencionada fracción obliga a que autoridades que operan programas sociales o subsidios, como en este caso, para Guarderías o Estancias Infantiles deben documentar y publicar toda la información de: Área[4]; Denominación del programa; Periodo de vigencia; Diseño, objetivos y alcances; Metas físicas; Población beneficiada estimada; Monto aprobado, modificado y ejercido, así como los calendarios de su programación presupuestal; Requisitos y procedimientos de acceso; Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana; Mecanismos de exigibilidad; Mecanismos de evaluación, informes de evaluación y seguimiento de recomendaciones; Indicadores con nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida, dimensión, frecuencia de medición, nombre de las bases de datos utilizadas para su cálculo; Formas de participación social; Articulación con otros programas sociales; Vínculo a las reglas de operación o Documento equivalente; Informes periódicos sobre la ejecución y los resultados de las evaluaciones realizadas; y Padrón de beneficiarios mismo que deberá contener los siguientes datos: nombre de la persona física o denominación social de las personas morales beneficiarias, el monto, recurso, beneficio o apoyo otorgado para cada una de ellas, unidad territorial, en su caso, edad y sexo[5].

Para que todo lo anterior se pueda materializar, existe el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que tiene por objeto “fortalecer la rendición de cuentas del Estado Mexicano”[6], facultado para “establecer lineamientos, instrumentos, objetivos, indicadores, metas, estrategias, códigos de buenas prácticas, modelos y políticas integrales, sistemáticas, continuas y evaluables, tendientes a cumplir con los objetivos”[7] de la Transparencia y la Rendición de Cuentas.

Lo anterior significa, que no importa si es en el orden municipal, estatal o federal donde se manejan los recursos públicos de programas sociales, todos los servidores públicos están obligados a transparentar, es decir, a publicar todo lo que hacen o no, con los programas sociales, no es por voluntad o facultad discrecional, es por disposición de Ley, destacando la importancia que tiene para la sociedad conocer que existe una Plataforma a Nivel Nacional[8] donde las autoridades deben hacer pública su actuación, a la par de ello, deben – sin excepción alguna – publicar lo mismo en sus páginas oficiales o pórtales electrónicos.

En los medios electrónicos antes mencionados, el ciudadano puede investigar y conocer la información generada por programas sociales, no solo presente, también pasada (hasta de dos años anteriores y de otros años atrás por solicitud de información) y si no encuentra información publicada o considera que la existente no es veraz o confiable, puede interponer una “denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia”[9] ante los órganos garantes del acceso a la información, ante el Nacional[10] o de las Entidades Federativas[11] para que estos inicien las investigaciones, resuelvan y sancionen a los servidores públicos responsables.

Si cualquier gobierno detecta actos de corrupción, lo que debe hacer es iniciar las acciones para determinar las responsabilidades administrativas o penales e imponer las sanciones que resulten procedentes en contra de los servidores públicos infractores por las acciones u omisiones en que hayan incurrido, a su vez, mantener la vigilancia para que los que actualmente están en funciones cumplan y que no se repitan los mismos hechos.

Transparentar es hacer visible toda actuación pública, es rendir cuentas y entregar resultados para beneficio de la sociedad, el sacrificio a quienes ofrecen el cuidado de los niños y a los propios niños no puede justificarse de ninguna forma como parte de las políticas públicas o estrategias para combatir la corrupción.

[1] Parafraseo del artículo 4°, párrafo noveno de la Constitución Mexicana

[2] Artículo 2°, Convención sobre los Derechos del Niño, consultable en: http://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf

[3] Consultable en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGTAIP.pdf

[4] Se refiera al área o unidad administrativa responsable de los programas

[5] A mayor detalle se pueden consultar los Lineamientos que detallas estos requisitos en: http://snt.org.mx/images/Doctos/CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD01-15/12/2017-08.pdf visible a página 41

[6] Ver artículo 28 de la Ley citada.

[7] Ver artículo 31, fracción I de la Ley citada.

[8] Consultable en: https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/ desde el apartado del Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) puede investigar a todas las Entidades Públicas.

[9] Figura que aparece en los artículos 89 a 98 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información

[10] Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, localizable en: http://inicio.inai.org.mx/SitePages/ifai.aspx

[11] Todos los Estados cuentan con Institutos de Transparencia, en el siguiente link puede conocer el directorio: http://www.infodf.org.mx/index.php/transparencia-en-m%C3%A9xico/%C3%B3rganos-garantes.html

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