El Poder Judicial renovará su Sala Constitucional, que sería la encargada de llevar el proceso del juicio político para el fiscal, Jorge Winckler.

Lo anterior si los diputados aprueban que ha lugar a continuar dicho procedimiento ante el Tribunal Superior de Justicia.

Sin embargo para esto es necesario que finalice el proceso de nombramiento de las 13 magistraturas vacantes en el Poder Judicial del Estado (PJE) que se lleva a cabo en el mismo Congreso local.

A la fecha dicha sala está integrada por dos magistrados y por un comisionado que funge como magistrado, de ahí que una vez que el Congreso avale las propuestas del gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, se proyecta su renovación.

A la fecha la magistrada Martha Ramírez Trejo ocupa la ponencia uno; la magistrada Lizbeth Hernández Ribbon la ponencia dos y el licenciado Esteban Noriega Velasco se encuentra comisionado provisionalmente a la ponencia tres.

En el Congreso local todavía se analizan las primeras seis propuestas enviadas por el Ejecutivo para ocupar parte de las 13 magistraturas vacantes.

Se trata de Bertha Inés Chávez Méndez; Isabel Inés Romero Cruz; María del Socorro Hernández Cadena; Sofía Martínez Huerta, así como Adolfo Cortes Veneroso y Esteban Martínez Vázquez.

Los legisladores están a la espera de las otras propuestas de García Jiménez y todos los nombramientos se podrían realizar en una próxima sesión extraordinaria.

A la par los diputados también deberán de definir en sesión extraordinaria si aprueban, con las dos terceras partes de los 50 legisladores, los dos dictámenes de la comisión instructora que piden aplicar el juicio político a Jorge Winckler Ortiz, procediendo a su separación del cargo.

Cabe señalar que si el pleno, convertido en jurado de acusación, acuerda que ha lugar a continuar el procedimiento con mayoría calificada, Winckler Ortiz será puesto a disposición inmediata del Tribunal Superior de Justicia (TSJE).

Recibido el expediente en la Secretaría General de Acuerdos, se turnará al Pleno del Tribunal para declarar que la Sala Constitucional se erige en Comisión de Enjuiciamiento.

Así, la Comisión de Enjuiciamiento formulará su proyecto de resolución en vista de las consideraciones hechas en la acusación y en su caso los alegatos formulados para depositarlo en la Secretaría General de Acuerdos del Pleno.

Posteriormente el presidente del Tribunal Superior de Justicia convocará al Pleno para erigirse en Jurado de Sentencia, el cual definirá si se destituye o no al fiscal general.

Cuestionado sobre el procedimiento, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Raúl Pimentel Murrieta, reconoció que el juicio político podría demorar hasta un año pero es probable que sea menos tiempo si el Congreso del Estado aprueba que continúe ante el Poder Judicial.

Jesús Ruiz/ AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO