Pareciera (sólo pareciera) que el Congreso del Estado fue sensible a la oleada de críticas que vertieron todas las organizaciones profesionales de abogados sobre los malos candidatos propuestos para ser magistrados del Tribunal Superior de Justicia.

En el caso de estos postulantes, igual que en algunas otras áreas de la administración, parecía que se impondría nuevamente una tónica que no ha dejado de estar presente, y que es el bajo (o inexistente) nivel profesional de los servidores públicos.

El asunto, desgraciadamente, no está superado, porque el Congreso no ha aclarado si el diferimiento en los nombramientos fue para hacer una revaloración de los perfiles o si sencillamente fue un aspecto de desacuerdos internos entre las distintas corrientes internas que se disputan el control del ente legislativo.

En todo caso, más vale ir a confesarse y luego encomendarse a Dios.