El Congreso local no tiene facultad constitucional para remover al fiscal Jorge Winckler Ortiz, es decir, que aunque se vote este jueves en contra de su permanencia él seguirá siendo el titular de la FGE.

Luis Alberto Martín Capistrán, presidente del Colegio de Abogados de Veracruz, recordó que el juicio tiene que ver con la responsabilidad política y no penal.

Además el Artículo 77 de la Constitución establece que hay dos instancias para dicho proceso: el Congreso y el Tribunal Superior de Justicia.

Si este jueves se vota a favor se designará a la Comisión de Acusación que acude ante el Tribunal Superior de Justicia para que la Sala Constitucional lleve el proceso.

Luego cuando el pleno, el gran jurado, dicte sentencia y con las dos terceras partes aprueben, se notificará al acusado que debe aplicarse la sanción.

Dicha amonestación puede ser la destitución del cargo o la inhabilitación por 10 años para ocupar cargos públicos.

“En el Artículo 77 de la Constitución y el 31 de la Ley de Procedencia y Juicio Político dejan claro que son las dos terceras partes del Tribunal los que aprueben. No le corresponde ni tiene facultades el Congreso local. Si aprueban el dictamen este jueves él seguiría en su cargo hasta que el Tribunal Superior de Justicia decida la separación”.

Delitos de lesa humanidad, tortura y desaparición forzada serían objeto de juicio de desafuero y le correspondería en única instancia al Poder Legislativo, pero el juicio político no ya que son primera instancia en ese sentido pero el Tribunal es la segunda.

“El juicio político es un instrumento procesal para fincar responsabilidad.

Y la declaración de procedencia tiene que ver con los delitos. El juicio es por responsabilidad política”.

Cabe mencionar que este jueves el Congreso local definirá sobre el juicio político contra el fiscal del estado Jorge Winckler Ortiz.

Laura Morales/ AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO