AL PIE DE LA LETRA
Por Raymundo Jiménez

A diferencia de su hija Quetzalli Cárdenas Argüelles, quien ni siquiera habría obtenido aún su título profesional de Licenciada en Derecho, la secretaria del Trabajo, Previsión Social y Productividad, María Guadalupe Argüelles Lozano, es una mujer que sí debe saber de leyes por su amplia trayectoria en el Poder Judicial del estado.

De hecho así lo reconoció públicamente el magistrado presidente Edel Álvarez Peña cuando a finales de septiembre de 2018 el entonces gobernador electo Cuitláhuac García anunció públicamente el nombramiento de quien estaba a cargo del Juzgado Mixto Municipal de Benito Juárez, en el norte de Veracruz.

“Es una decisión acertada, su nombramiento representa una distinción para las mujeres que laboran en el Tribunal Superior de Justicia por la importancia que reviste la equidad de género en el ámbito profesional”, opinó Álvarez Peña, destacando su trayectoria como Juez Mixto Municipal en los distritos judiciales de Huatusco, Chicontepec, Papantla, Jalacingo y Pánuco.

Por eso es que ha sorprendido doblemente el escándalo del abortado intento de colocar a su hija Quetzalli en la jefatura del Departamento Jurídico y de Amparos en la secretaría de despacho a su cargo, ya que además de tratarse de un burdo caso de nepotismo que sanciona la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Veracruz, su descendiente tampoco cumplía siquiera con el requisito elemental de ser una abogada titulada, tal como lo constató el portal espejodelpoder.com en una búsqueda realizada en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, en el link https://cedulaprofesional.sep.gob.mx/cedula/presidencia/indexAvanzada.action

Pero, además, la propia hija de la funcionaria se encargó de publicitarlo también en su cuenta de Facebook Qeetzá Cardeenás, en la que el 31 de diciembre de 2018, a las 9:11 p.m., escribió textualmente: “Si está (sic) publicación llega a un comentario me título (sic) en el 2019”.

Sin embargo, el caso de Quetzalli –quien luego de este penoso incidente habría retornado a su modesto trabajo de secretaria que hasta diciembre pasado desempeñaba en la Sedesol estatal– no sería el único acto de nepotismo atribuido a María Guadalupe Argüelles, ya que también tendría en la nómina de su dependencia a otros familiares cercanos, entre ellos a los hermanos Nahúm y Juan Argüelles Lozano, a una de sus cuñadas y a un sobrino, Adair Aguirre Calte, quien cobraría como analista administrativo en el área de Servicios Generales, así como a su yerno, el joven Jonathan Antonio Martínez Zamora, cuyo sueldo como analista administrativo en la Unidad de Transparencia sería de 22 mil 412 pesos.

El bienio pasado, doña María Guadalupe y su familia pagaron caro su apoyo al morenismo, pues en junio de 2017 su esposo Gonzalo Vicencio Flores, a la sazón candidato a la alcaldía de Chicontepec, fue secuestrado días antes de las elecciones municipales. Afortunadamente apareció horas después pero con las costillas rotas y la cabeza lastimada. El presunto autor intelectual fue el ex diputado local del PVEM, Manuel Francisco Martínez, detenido hace un par de meses, en enero, por la Fiscalía General del Estado. Pero tampoco se vale que ahora la secretaria del Trabajo abuse simplemente por estar “en la plenitud del pinche poder”, como se ufanaba el ex gobernador Fidel Herrera Beltrán.

  1. YUNES: DOBLE RASERO

Desconcierta la ríspida confrontación pública que por el tema de la inseguridad el diputado federal priista Héctor Yunes Landa viene sosteniendo con los alcaldes de Xalapa y Coatzacoalcos, Hipólito Rodríguez Herrero y Víctor Manuel Carranza Rosaldo, ambos de Morena.

Y es que el ex senador y ex candidato del PRI a la gubernatura funge actualmente como enlace con los gobiernos federal, estatales y municipales de la Comisión de Seguridad Pública en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por lo que este jueves coordinó la primera reunión de trabajo con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, el morenista Alfonzo Durazo Montaño, dizque con el “fin de tender puentes que les permitan trabajar juntos por la tranquilidad de las familias de México.”

En dicho encuentro, celebrado en las instalaciones de la dependencia federal, el también secretario de la Comisión Permanente de Seguridad en San Lázaro le refrendó su apoyo al funcionario lopezobradorista “para hacer de la estrategia de seguridad un caso de éxito a nivel mundial”.

“La gravedad de la inseguridad en el país los obliga a actuar como lo hacemos ahora: con altura de miras, responsabilidad compartida y concurrencia de acciones de todos los actores del Estado mexicano. Dimos muestra de nuestra disposición a la colaboración respetuosa al aprobar la creación de la Guardia Nacional. Ahora corresponde coordinarnos de la mejor manera posible para que ésta opere adecuadamente en donde más se necesita”, apuntó el también vice coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados.

Yunes Landa expresó que los nada honrosos primeros lugares que ocupa el estado de Veracruz, tanto en secuestros y feminicidios, justifican que su entidad natal sea incorporada como una región prioritaria en el Programa de Combate a la Inseguridad y que también sea revisado el esquema de distribución del FORTASEG para que todos los municipios veracruzanos, por muy pequeños que sean, igualmente reciban estos recursos federales para reforzar sus programas de seguridad.

“Las emergencias nacionales, como la de la inseguridad galopante que vive el país, se atienden con visión de Estado, coordinación y colaboración, por lo que hago un llamado a todos los niveles de gobierno a sumarse a este esfuerzo”, concluyó el veracruzano en un tono mucho más conciliador que el usado contra los alcaldes morenistas de Xalapa y Coatzacoalcos, correligionarios de Durazo Montaño.

Y es que a Carranza Rosaldo, a quien tachó de incompetente, le pidió hace tres días, por Twitter, que mejor renunciara a la alcaldía y se fuera de Coatzacoalcos, luego de que el munícipe porteño declarara que era “decisión personal” de los empresarios porteños abandonar su lugar de origen por las condiciones de inseguridad que se viven actualmente.