Por Juan Ignacio Martínez Franco. 

1789 es una fecha que marca el fin de una era de oscurantismo y fanatismo para dar paso al reconocimiento de libertades y derechos mediante la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano[1], desde entonces se reconoce la libertad y la igualdad entré las personas, lamentablemente, a más de 200 años de la materialización de las ideas ilustradas, la ignorancia sigue vigente en los Gobernantes de los Estados y no cesan los reiterados tratos de desigualdad ante la Ley y discriminación de todas las personas, resintiendo con mayor impacto quienes tienen alguna discapacidad.

Recordando que el 21 de marzo de cada año se conmemora el Día Internacional del Síndrome de Down[2], es importante conocer brevemente lo siguiente:

Los derechos humanos no son una prerrogativa exclusiva para cierto tipo de personas, atendiendo al valor más alto que es la dignidad humana y bajo el principio de universalidad, deben ser otorgados, protegidos y respetados por el Estado en igualdad de condiciones para todas las personas, toda distinción por razones de alguna discapacidad se traduce directamente en una discriminación.

Para alcanzar el objetivo de eliminar todas las formas de discriminación que sufren las personas con discapacidad[3], es obligatorio que los Estados (Países y sus gobiernos) emprendan múltiples acciones, como, medidas legislativas, políticas públicas y programas que beneficien a personas con discapacidad,  mujeres, niñas y niños y personas de poblaciones indígenas.

Conociendo que deberes y obligaciones tienen los Estados y sus Gobiernos, quiénes tengan personas cercanas (o familiares) con alguna discapacidad, podrán exigir con mayor claridad que se garantice la máxima protección y respeto a sus derechos.

Asunto relevante en materia de acceso a la salud para personas con Síndrome de Down lo constituye el resuelto por el Juzgado Séptimo de Distrito de Morelia, Michoacán, en el Juicio de Amparo Indirecto 707/2016[4] dictado en contra de actos de autoridad emitidos por la Secretaria de Salud de ese Estado.

Conforme a los parámetros establecidos en documentos internacionales, los Estados (caso México) tienen la obligación de garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad ya sean civiles, culturales, económicos, políticos o sociales.

Por otra parte, de nada sirven, documentos internacionales de derechos humanos o leyes locales con textos creados con lenguaje como bella poesía, que no se aplican en el campo práctico, resaltando la importancia que tiene el generar conciencia desde el ámbito familiar, con la sociedad y por supuesto, el Estado está vinculado directamente (sus instituciones) para adoptar medidas “inmediatas, efectivas y pertinentes” contra “estereotipos, prejuicios y prácticas nocivas” que perjudiquen la dignidad de las personas con discapacidad[5].

En muchas ocasiones las instituciones no otorgan de manera correcta los trámites o servicios que ofrecen a las personas con discapacidad, ya sea, por ignorancia (lo cuál no les exime del cumplimiento) o por no adoptar medidas para generar condiciones de accesibilidad, esto implica adecuar el entorno físico, transporte, Información y comunicaciones, solo por nombrar algunas[6].

Discapacidad no es sinónimo de no poder gobernarse, obligarse o manifestar voluntad por si mismo[7], no se puede negar la capacidad jurídica, libertades y derechos de las personas con discapacidad.

En conclusión, para que las personas con discapacidad puedan gozar plenamente de sus derechos y libertades en igualdad de condiciones que el resto de las personas, es primordial la toma de conciencia desde las estructuras primarias como la familia, sectores de la sociedad e indiscutiblemente el Estado, pedir ante las diferentes instancias, instituciones o autoridades (exigencia legítima, causa de pedir) es un derecho, hay que ejercerlo con libertad, si a la igualdad, no a la discriminación.

[1] Consultable en: http://www.pudh.unam.mx/declaracion_DH_hombre_ciudadano.html

[2] Para conocer más puede consultar: http://www.un.org/es/events/downsyndromeday/

[3]  La Convención sobre los Derechos de las Personas  con Discapacidad y su Protocolo Facultativo puede consultarlo en: http://www.un.org/spanish/disabilities/default.asp?id=497

[4] La sentencia se puede consultar en: http://sise.cjf.gob.mx/SVP/word1.aspx?arch=941/0941000019323546037.doc_1&sec=Isela_Estefania_Bueno_Gallegos&svp=1

[5] El entrecomillado de este párrafo es citado textual del artículo 8° de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

[6] Ver artículo 9 de la Convención a que alude el pie de página No. 4

[7] El análisis exhaustivo de éstos razonamientos puede consultarse en la resolución del Amparo en Revisión 1368/2015, dictado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sentencia en formato de lectura fácil en: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/listas/documento_dos/2019-02/AR-1368-2015-190212.pdf&ved=2ahUKEwjN7L3ChJXhAhWiwVkKHaXiD1EQFjAAegQIAhAB&usg=AOvVaw1QOoCcjL1HzcDcNVKGQnM_