Acciones de Inconstitucionalidad vs Ley de Transparencia de Veracruz

Por Juan Ignacio Martínez Franco

En sesión celebrada el 22 de abril de 2019, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió las Acciones de Inconstitucionalidad 91/2016 y acumuladas 93/2016 y 95/2016 en las que se demandó la invalidez de diversas disposiciones de la Ley Número 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicada en la Gaceta Oficial del Estado el 29 de septiembre de 2016, demandas que fueron turnadas a la Ponencia del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.

¿Qué es una acción de inconstitucionalidad?

En palabras sencillas, cuando una Ley es contraría al texto de la Constitución, hay órganos o entidades públicas (no todas) que pueden demandar su inconstitucionalidad y solicitar que se declare inválida, un ejemplo de invalidez total fue la aplicada a la Ley de Seguridad Interior, también se puede impugnar una porción o parte de Ley, ya sea un enunciado, párrafo o fracción, como ocurre en el caso que se analiza.

Algunos aspectos relevantes son, que los efectos de la sentencia se producen a partir de la fecha que señale la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para este caso no tiene efectos retroactivos, si alguna autoridad aplica la norma invalida, cualquiera de las partes puede denunciar el hecho ante el Presidente de la Suprema Corte.

¿Qué se impugna?

En la 91/2016 promovida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) se “solicita la invalidez de los artículos 15, fracción LIII; 68, fracción IX; 76, fracción IV; 85, fracción II; 101, fracciones I y XXXII; 140, fracción III y penúltimo párrafo; 161, fracción I; 192, fracciones II y III, inciso a); 195; 196; 246, fracción III; y, 249, segundo párrafo, de la Ley de aludida”[1].

En la 93/2016 promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se demanda lo establecido en “los artículos 140 y 195 de la Ley Número 875 Local” del artículo 140, fracción III, se reclama la invalidez de la porción “en los que se supone pueda localizarse la información solicitada”[2].

En la 95/2016, se demanda el contenido “del artículo 68, fracción IX, de la Ley Número de Transparencia Local, así como de la omisión legislativa en la que incurrió el Congreso y el Ejecutivo Local al expedir la ley sin otorgar un presupuesto adecuado y suficiente  al organismo garante para su funcionamiento efectivo y cumplimiento de la ley aprobada”[3] y fue promovida por el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI).

Es relevante porque las legislaciones de transparencia de todo el país deben promulgarse bajo las nuevas bases, principios y reglas derivadas de la Reforma Constitucional del 2014, además de observar también lo que instruye su Ley Reglamentaria[4], si bien, todas las leyes gozan del principio de constitucionalidad, es decir, todas, en principio, deben nacer respetando los parámetros de la Constitución, no en todos los casos sucede de esta forma.

Así fue como nació a la vida jurídica la Ley en mención, una ley que se promulgó ya vencido el plazo establecido por la General de Transparencia, esto es así, porque el transitorio Quinto les señaló a las legislaturas locales (Veracruz), plazo de hasta un año para armonizar sus Leyes, si esta inició su vigencia el 05 de mayo de 2015, la de Veracruz debió estar lista para el 05 de mayo de 2016, pero no ocurrió de esta forma, pues se publicó hasta el 29 de septiembre de 2016 y por si fuera poco, no cumplió con el respeto a la Constitución, ello derivó en las acciones de inconstitucionalidad antes reseñadas.

¿Qué pasó en la sesión de la Suprema Corte?

Veamos, está Ley es puesta en vigencia por la LXIII legislatura, con la LXIV legislatura se reforma, curiosamente en casi todos los artículos que fueron impugnados por el INAI y la CNDH, ello trae como consecuencia que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya no tenga nada que estudiar, no hay materia de estudio.

De igual forma, se deroga (elimina), la fracción III, del artículo 140 que había sido impugnada por el INAI y la CNDH, en consecuencia tampoco hay materia para análisis jurídico.

Quedó vigente la acción interpuesta por el IVAI, con relación a lo alegado respecto a que no se dotó de recursos suficientes, sin embargo, los Ministros decidieron no conceder la razón, un aspecto menos que estudiar.

Zancadilla a la transparencia en el estado de Veracruz, si se analizan los Presupuestos de Egresos[5] de cada año, donde se dota de Miles de Millones de pesos a múltiples Entidades Públicas, pero no se invierte en transparencia, derecho de acceso a información y protección de datos personales, sería interesante conocer las razones que subyacen a esta negativa persistente.

Lo único que quedó subsistente fue aquel supuesto establecido en el artículo 68, fracción IX, que por razón de la reforma de 06 de noviembre de 2017[6] casi se quedaba sin vida, ya que algunos Ministros manifestaron que al haber una reforma y cambiar la fracción IX a la posición X, había poco o nada que analizar por constituir un nuevo acto legislativo.

Afortunadamente, la voz del Ministro José Fernando Franco González Salas se hizo escuchar y mencionó que “era una caso inédito, no era un nuevo acto y era necesario estudiarlo”, de esta forma, se ingresó al análisis respecto de la Constitucionalidad de la inicialmente fracción IX después X, pasando por el análisis de los principios de publicidad y máxima publicidad (aunque de este último algún Ministro dijo que era una regla), los límites que se establecen al derecho de acceso a la información en razón del interés público y la seguridad nacional.

Algunos Ministros se pronunciaron incluso sobre las pruebas, de daño (aplicable a sujetos obligados y de Interés Público (atribución de órganos garantes), donde claramente se vio algo de desconocimiento respecto a los principios y test que los rigen, ilustrativa para ese tema fue la postura del Ministro Presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, a pesar de considerar que la fracción impugnada no era inconstitucional.

Al final se declaró inconstitucional y en consecuencia invalida la fracción X (antes IX) de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información, solo falta esperar el cumplimiento de la sentencia (otra historia).

¿Tiene relevancia social lo que resuelve la Suprema Corte?

Mucha, si un asunto tramitado ante este Máximo tribunal, dura más de dos años en resolverse, durante todo el tiempo de trámite se estuvo aplicando la porción de Norma o Ley Inconstitucional, lo cual implica la posibilidad de que en más de una ocasión se haya restringido o vulnerado el derecho de acceso a la información.

Los temas de inconstitucionalidad no solo ocurren en el Estado de Veracruz, sino en todo el país, con Leyes Estatales o Federales, como en este caso o muchos, hay que esperar a que lleguen a la Suprema Corte de Justicia, que durante la tramitación no los reformen los órganos que los emiten (Congresos), de ser esa la situación, ya no hay nada que estudiar ni resolver como se ha observado.

En el caso que se narra, después de más de dos años, es difícil cuantificar las  clasificaciones de información que se realizaron, utilizando ese artículo 68, fracción IX (ahora X), solo por la omisión del legislador o falta de técnica legislativa.

Este es un pequeño triunfo para la Transparencia, el Derecho de Acceso a la Información, para la sociedad y los ciudadanos, que está interesados en saber que hacen las entidades públicas, exigir que se rindan cuentas y participar en la vida democrática del Estado, sin embargo, esto no será posible a plenitud, mientras el legislador no tenga formación legislativa o teniéndola, busque siempre crear sesgos, lagunas o ambigüedades en las Leyes para no proteger y garantizar plenamente los derechos de las personas, que en teoría, su trabajo de crear leyes es para eso.

[1] Consultable en: http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/AccionesYControversias.aspx

[2] Consultable en: http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Acciones/Acc_Inc_2016_93.pdf

[3] Citado de: http://www2.scjn.gob.mx/IndicesCCAI/ControversiasConstitucionalespub/AccionInconstitucionalidad.aspx#&&AshKvfQDT8HqJJZaV+L/ztBfc2kSw1zL0/doA2wJaVpVva53mrityIGpdFbyYcOu7/6AE8IgcPsoHJkBc7Lm1NX+1NWFhah7cOjVoX1JcMR6ADw1VlIRKQdWLKo=

[4] Esto se pude verificar en el artículo 2° de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información.

[5] Presupuesto del 2019, consultable en:  http://www.legisver.gob.mx/leyes/LeyesPDF/DECRETO234MODIFICACION.pdf

[6] Decreto Número 303, publicado en el número extraordinario 442 de la Gaceta Oficial del estado de Veracruz, consultable en: http://www.veracruz.gob.mx/gobiernover/gaceta-oficial/

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