La indignación por la peculiar detención del abogado Arturo Nicolás Baltazar mediante un aparatoso operativo que combinó agentes de Tránsito, preventivos y ministeriales en el municipio panista de Boca del Río, ha alcanzado no sólo a los integrantes del gremio de los juristas, sino a personas y organizaciones no gubernamentales.

El motivo de la detención es, más que nimio, estúpido: ultrajes a la autoridad, un delito del cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado desde 2017 en el sentido de invalidar su fuerza jurídica por colisionar con el derecho a la libre expresión.

Pero no es sólo la imputación de algo tan absurdo como ultrajes a la autoridad lo que debe destacarse en esta detención. Antes de llegar a este extremo, debe mencionarse que a Arturo Nicolás se intentó atribuirle ebriedad, pero como el alcoholímetro dio negativo, lo siguiente fue achacarle falta de licencia de conducir.

En realidad, no se requiere siquiera un análisis profundo, vistos los hechos citados, para concluir que el letrado está sufriendo una represalia del Fiscal General y del alcalde porteño Fernando Yunes, para reprimirlo en la defensa que realiza de ex funcionarios a quienes el régimen yunista se empeñó en procesar, con poco éxito.

Los operadores de esta atrocidad son sin embargo tan limitados, que en lugar de inhibir la labor defensora de Arturo Nicolás, se metieron en un escándalo nacional que arrastra con la escasa credibilidad que aún pudiera tener el régimen que encabezó Miguel Ángel Yunes y, de paso, el panismo.