Los elementos de la Guardia Nacional que se integren a las filas de la delincuencia organizada serán sancionados con una pena de entre 30 y 60 años de cárcel, contempla una iniciativa de Ley de la nueva corporación presentada por el Ejecutivo federal al Senado de la República.

Para quienes utilicen fuerza, bienes o personal de la corporación a favor de algún grupo criminal, recluten elementos de la institución para las asociaciones delictivas, proporcionen protección, den facilidades, presten algún servicio o entreguen información a las organizaciones delictivas, alcanzarán una pena de 15 a 60 años de prisión.

La iniciativa señala que la misma pena aplicará a los mandos o personal de tropa que incumplan su obligación de actuar contra integrantes del crimen organizado, obstaculicen acciones contra criminales o faciliten o protejan la fuga de sus integrantes.

La propuesta apunta que el personal de la nueva corporación estará sujeto a un régimen disciplinario “particularmente estricto” y para ello define un conjunto de delitos especiales aplicables exclusivamente a los integrantes de la Guardia Nacional.

En el capítulo denominado “De los delitos contra la disciplina”, se enumera incluso el extravío del arma, con una sanción de tres a seis años de cárcel, al igual que para el elemento al que “por su culpa” le sea robada el arma a su cargo.

Tipifica el delito de insubordinación que, en su caso, comete el personal de la Guardia Nacional que, con palabras, ademanes, señas, gestos, golpes o de cualquier otra manera, falte al respeto o afecte la integridad física de un superior.

En caso de que la indisciplina se cometa con palabras, ademanes o de cualquiera otra manera que no constituya una “vía de hecho”, la sanción será de uno a tres años de prisión, pero si la insubordinación provocara la muerte del superior, el castigo va de los 30 a 60 años de cárcel.

En caso contrario, cuando se dé el delito de abuso del ejercicio de mando, en el que incurriría el personal de la Guardia Nacional que trate a un subalterno, en razón de su jerarquía, cargo o comisión, el castigo previsto es de seis meses a un año de cárcel.

La sanción aumenta cuando el abuso pase a los insultos o el maltrato físico con consecuencias como cicatrices, enfermedades o lesiones permanentes, hasta llegar a la muerte del subalterno, que ameritaría la sanción máxima de entre 30 y 60 años de cárcel.

 

Fuente:Milenio