Por: Jesús Ruiz

Es responsabilidad de la Fiscalía General, a cargo de Jorge Winckler Ortiz, determinar si procede la detención de los elementos de la Fuerza Civil señalados de abusos.

 

Así lo expuso la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Namiko Matzumoto Benítez, quien acudió al Congreso del Estado a presentar el informe anual de actividades 2018 del organismo a su cargo.

 

Ante casos como la supuesta ejecución extrajudicial ocurrida en la localidad de Cempoala, en el municipio de Úrsulo Galván; así como en el caso de una profesora que habría sido abusada sexualmente en Tlalixcoyan, planteó que no deben de existir confusiones.

 

En ese sentido refirió que la Secretaría de Seguridad Pública también puede realizar una investigación interna y colaborar que la Fiscalía para determinar si los elementos perpetraron abusos o delitos.

 

Por su parte mencionó que el organismo a su cargo pedirá la colaboración de la dependencia estatal y del organismo para determinar su procede una recomendación por violaciones a los Derechos Humanos.

 

“Hay que establecer la diferencia de funciones, a nosotros nos corresponde analizar si efectivamente hubo una vulneración a los Derechos Humanos, en este caso concreto si se autorizó una ejecución extrajudicial (en el caso de Úrsulo Galván).

 

“Se pidieron los informes correspondientes a la Secretaría de Seguridad Pública y también la colaboración de la Fiscalía para que con esa información se pueda entregar la investigación y de acreditarse que ocurrió este hecho se emitirá la recomendación”, declaró.

 

Detalló que a la fecha suman 20 las quejas que involucran elementos de seguridad por distintos hechos, entre policías estatales y municipales.

 

No obstante, reiteró que corresponde a la Fiscalía determinar si hay responsables de algún delito en estos casos y actuar en consecuencia, pues aunque una persona esté relacionada con la delincuencia no puede ser abatida arbitrariamente.

 

“La autoridad tiene señaladas en la Ley sus facultades y no puede ir más allá de lo que la Ley le permite (…); las autoridades tienen que actuar de manera objetiva, analizar el material probatorio que tienen y determinar lo que corresponda conforme a Derecho.

 

“Una de los principios que estamos obligados como autoridades a respetar es el de presunción de inocencia; no tenemos que dar por hecho ninguna circunstancia a partir de cualquier actividad que pudiera realizar la persona involucrada”, planteó.