Ciudad de México- 2019-04-0908:51:29- Agencias

 

Jueces federales abrieron procesos penales en contra de cuatro altos exfuncionarios de la administración del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por su presunto involucramiento en el desvío de más de mil millones de pesos provenientes de fondos federales en Veracruz, durante los años 2012 y 2014.

 

Esto luego de que la Fiscalía General de la República – antes PGR – logró reunir, a partir de denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), datos de prueba que evidencian la posible responsabilidad de los exfuncionarios en la comisión del delito de peculado, el cual puede alcanzar una pena de hasta 14 años de prisión. Entre los imputados se encuentran dos extitulares de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) del gobierno duartista, Tomás Ruiz González y Fernando Charleston Hernández, este último además exdiputado federal por el PRI.

 

Los otros dos implicados son los exsubsecretarios de finanzas (y también políticos priistas) Gabriel Deantes Ramos y Carlos Hernández Martínez. Autoridades federales con pleno conocimiento del caso indicaron que la vinculación a proceso dictada por los jueces a cada uno de los funcionarios en las últimas semanas, es apenas el arranque de una serie de procesos que la FGR busca abrir luego de las más de 80 denuncias interpuestas por la ASF derivadas del desvío multimillonario de recursos federales en Veracruz.

 

De hecho, para mayo próximo ya está programada una nueva audiencia en la que la Fiscalía solicitará la apertura de procesos en contra de dos exfuncionarios más del gobierno de Javier Duarte, quien actualmente se encuentra preso en el Reclusorio Norte cumpliendo una condena por lavado de dinero. Animal Político publicó el 26 de marzo que a la fecha la ASF tiene detectados 62 mil millones de pesos provenientes de 14 fondos federales que están desaparecidos en Veracruz, ya sea porque fueron sacados de las cuentas autorizadas o porque su ejercicio no se ha acreditado debidamente.

 

En el caso de los cuatro funcionarios mencionados al inicio, los procesos que enfrentan se encuentra en la fase de “investigación complementaria”, que es un periodo que puede durar hasta seis meses, en el que el juez da a ambas partes tiempo para reunir los elementos y pruebas que se pretende llevar a juicio. En este periodo existe la posibilidad de que los procesados busquen a través de demandas de amparo frenar el juicio oral o, en su defecto, una salida alterna declarándose culpables a cambio de un proceso exprés con penas reducidas.

 

Las acusaciones: dinero desviado en salud y educación Los casos en contra de los cuatro exfuncionarios mencionados surgen a partir de dos carpetas de investigación iniciadas por denuncias de la ASF. El primer caso es el de la carpeta de investigación FED/ SEIDF/INAI-VER-0001740/2016 iniciada tras la denuncia presentada el 12 de septiembre de 2016. En este caso las investigaciones concluyeron que al menos 261 millones de pesos del llamado Fondo Regional (FONREGION) fueron desviados o mal manejados en 2012 en Veracruz.

 

El FONREGION es un fondo federal que se entrega a algunos estados con el objetivo de financiar programas y acciones que faciliten el acceso de servicios básicos de salud y educación en zonas vulnerables. Dado que se trató de dinero transferido a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) de la entidad, la investigación identificó como uno de los principales responsables de su mal manejo al entonces titular de dicha dependencia, Tomás Ruiz González. El pasado 12 de marzo se llevó a cabo la audiencia en los juzgados federales de Xalapa donde el juez consideró que había evidencia inicial suficiente para abrir juicio a Ruiz por el delito de peculado.

 

Por este mismo caso en específico la Fiscalía también encontró evidencia para proceder en contra de dos exfuncionarios veracruzanos más (presumiblemente también de Sefiplan) quienes enfrentarán su audiencia inicial el próximo 15 de mayo.

 

La segunda carpeta de investigación que ya derivó en un juicio abierto en contra de varios exfuncionarios es la número FED/SEIDF/INAIVER-0000782/2017. La denuncia se presentó el pasado 23 de diciembre de 2016. En este caso, la Auditoría denunció el posible desvío de 891 millones de pesos del llamado Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) en la cuenta pública del año 2014.

 

Se trata de un fondo contemplado para servicios relacionados con la educación básica. Por este caso la FGR ha solicitado y obtenido autos de vinculación a proceso en contra de Fernando Charleston el pasado 22 de enero, Carlos Hernández el pasado 5 de marzo, y Gabriel Deantes el pasado 11 de marzo.

 

Todos ellos ante jueces federales. Cabe señalar que en todos estos casos los exfuncionarios acusados enfrentan los procesos en libertad pues no se consideró necesario someterlos a prisión preventiva. No obstante están obligados a acudir a las audiencias y no pueden abandonar el país.

 

De acuerdo con el Artículo 223 del Código Penal Federal, los servidores públicos que hayan cometido el delito de peculado podrían alcanzar una pena que va desde los dos hasta los catorce años de prisión, dependiendo de la gravedad de cada caso y del monto del dinero desviado de su uso legal.

 

Lo anterior sin olvidar que en caso de que alguno de ellos decidiera declararse culpable y optar por un proceso abreviado podría existir una reducción de dicha condena. Las autoridades consultadas indicaron, sin precisar los casos, que varios de los acusados han interpuesto apelaciones o demandas de amparo en contra de los procesos penales iniciados en su contra.

 

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