AL PIE DE LA LETRA

Raymundo Jiménez

 

Desde hace un mes, por lo menos, el auditor general del Órgano de Fiscalización Superior del estado, Lorenzo Antonio Portilla Vázquez, tomó la decisión de reelegirse por siete años más en octubre próximo como titular del ORFIS, para lo cual comenzó a desplegar una campaña de promoción personal mediática y política.

 

Así, aparte de amplias entrevistas publicadas en algunos medios de comunicación también tuvo la ocurrencia de promover hasta la firma de convenios de colaboración entre el ORFIS y el Congreso del Estado –como por ejemplo el signado hace ocho días para la implementación del Sistema de Información y Gestión Municipal Armonizado de Veracruz (SIGMAVER)–, no obstante que el órgano su cargo, aunque constitucionalmente autónomo, está obligado por ley a apoyar y reportar a la Cámara de Diputados, a través de  la Comisión de Vigilancia, todo lo referente a la fiscalización de las cuentas públicas y estados financieros de las dependencias de los tres poderes del Gobierno del Estado, de los 212 ayuntamientos veracruzanos y de todos las entidades públicas desconcentradas o autónomas, como la Fiscalía General del Estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Universidad Veracruzana, entre otras.

 

Hasta la semana anterior la estrategia le venía funcionando bien a Portilla Vázquez, sin embargo algo ocurrió en cuestión de horas después de la firma del convenio para la implementación del SIGMAVER, ya que el miércoles 22, al día siguiente de este evento, el diputado Juan Javier Gómez Cazarín, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, declaró que no era correcta una posible reelección del actual auditor general del ORFIS.

 

Y aunque reconoció el trabajo de Portilla, el líder de la bancada de Morena remarcó que a ese cargo tiene que llegar otra persona, “tiene que haber otro titular”, insistió.

 

“Para mí, ese puesto tienen que cambiar”, dijo Gómez Cazarín, aclarando que tampoco  es su pretensión imponer a un auditor general a modo.

 

“A mí no me interesa que él esté ahí. De manera personal, diputado Javier Gómez Cazarín, (…) para mí, no sería lo correcto, no es saludable. Tiene que llegar otra gente para ver cómo está esa dependencia y que cheque bien. Yo no digo que esté haciendo un mal trabajo, pero ya le toca a otra persona ver cómo se está trabajando en Veracruz respecto a los sistemas de auditorías”, reiteró el legislador sureño, muy cercano al gobernador Cuitláhuac García y al secretario de Gobierno, Eric Cisneros.

 

Y evidenciando el grado de subordinación que de facto mantiene el titular en turno del ORFIS con el Congreso local, Gómez Cazarín expresó que Portilla “es un excelente empleado”.

 

“Pero es como si dijéramos que el Presidente de la Nación ha hecho un buen trabajo y que demore 20 años ahí o 10 años, ¡tampoco!”, argumentó el coordinador de los diputados de Morena, quien puntualizó que el próximo titular del ORFIS debe ser una persona que “cubra el perfil, que sea eficiente, que quiera al Estado de Veracruz, que no se esté manchando las manos y que haga las cosas de manera correcta”.

 

¿Qué fue lo que ocurrió? No se sabe. Sin embargo causó extrañeza que sobre la firma del convenio para implementar el SIGMAVER la Unidad de Comunicación e Imagen del ORFIS emitiera dos boletines el mismo martes 21 de mayo, uno destacando la presencia en dicho evento de Gómez Cazarín y en el otro excluyéndolo, exaltando en cambio las palabras del diputado José Manuel Pozos Castro, presidente de la mesa directiva de la LXV Legislatura local, quien apoyaría la permanencia de Portilla en el máximo órgano fiscalizador del estado.

 

 

LA TÍA PODEROSA DE NACHÓN  

 

Luego de que el senador Ricardo Ahued fue designado coordinador general de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y que su escaño senatorial será ocupado por su suplente Ernesto Pérez Astorga, actual titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario (SEDECOP), en esta dependencia del gobierno del estado se ha desatado una lucha intestina de poder por ocupar el cargo que desocupará el empresario xalapeño.

 

Según trascendió, uno de los aspirantes que más presión estaría ejerciendo sería el actual

subsecretario de Promoción y Apoyo a la Industria de la SEDECOP, Enrique Nachón García, sobrino de la secretaria de Gobernación del gobierno federal, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, a cuya influencia política se atribuye que su familiar haya sido incorporado a la administración del gobernador Cuitláhuac García, no obstante su cuestionado desempeño como gerente estatal del Instituto Veracruzano de la Vivienda (Invivienda) durante el sexenio del ex mandatario priista Javier Duarte de Ochoa y luego en el bienio del ex gobernante panista Miguel Ángel Yunes Linares, en el que permaneció a cargo de este organismo público descentralizado dedicado a beneficiar con pies de casa a las miles de familias veracruzanas que carecen de un hogar propio para vivir.

 

De hecho, su nombramiento en diciembre de 2018 sorprendió a los propios líderes de Morena, ya que aseguran que Nachón García apoyó en ese proceso electoral la candidatura del hijo de Yunes Linares, postulado por la alianza PAN-PRD-MC a la gubernatura de Veracruz.

 

Antes de ocupar la gerencia estatal de Invivienda, Nachón García se desempeñó como delegado estatal del INFONAVIT, presuntamente recomendado también por su tía política, a la sazón ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

 

Ahora corre la versión de que Nachón abriga la esperanza de que la influencia de la titular de la SEGOB pueda catapultarlo para sustituir a Pérez Astorga en la SEDECOP.

 

Sin embargo, su desbordada ambición de ascender a Secretario de Despacho ha provocado que un grupo de ciudadanos veracruzanos defraudados por funcionarios de INVIVIENDA esté por organizarse para plantarse afuera del Palacio Nacional y exponer los presuntos casos de corrupción que durante la administración de Nachón se habrían dado en Invivienda.

 

Uno de los supuestos fraudes, por ejemplo, implicarían a Miguel Ángel Torres Guerrero, que ocupaba el cargo de secretario técnico con Nachón García, el cual puso a la venta en octubre del año pasado 128  lotes en la Reserva Territorial El Chote, en la ciudad de Papantla, Veracruz, propiedad de Invivienda, en aparente complicidad con el arquitecto Gilberto Carlos Ávila Portilla, gerente de Registro y Control de Suelo y Bienes Inmuebles de este organismo descentralizado.

 

El 15 de febrero del 2016, durante el gobierno de Duarte de Ochoa, INVIVIENDA, a cargo de Enrique Nachón, compró en 30 millones 157 mil 735 pesos con 70 centavos una fracción del predio denominado “El Chote o Mesillas”, perteneciente al municipio de Papantla, con una superficie de poco más de 48 mil metros cuadrados, o sea, menos de cinco hectáreas, por lo que se sospecha que habría sido adquirido a un sobreprecio.

 

La semana anterior, en la Oficina de Atención Ciudadana del Gobernador del Estado Cuitláhuac García Jiménez, un grupo representante de 188 personas defraudadas de Tihuatlán, Tuxpan y Poza Rica entregaron un oficio sellado el 24 de mayo, dirigido al Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, acusando también de fraude al dirigente estatal de la Confederación  de Organizaciones de la Sociedad Civil, A.C. (COSOCI), Leonel Tejeda, un policía del IPAX que se habría coludido con funcionarios de Invivienda y de la Conavi.