Agencias/ Sociedad 3.0 Xalapa, Ver. 15 de mayo 2019

 

Los diputados locales del Partido Acción Nacional acudieron a la Fiscalía General a denunciar la compra y arrendamiento irregular de 160 patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública.

Los diputados aseguran que se violaron varias leyes para la adquisición y renta de las patrullas por lo que se podrían configurar los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, y tráfico de influencias.

El documento acusa al Gobernador Cuitláhuac García, al  Secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, y  al Secretario de Finanzas, José Luis Lima Franco.

 

Hay que recordar que la actual administración compró 50 patrullas por 39 millones 940 mil pesos y arrendó 110 unidades por más de 168 millones de pesos.

 

No obstante, aunque reconocieron los contratos en el gobierno, persiste la negativa a hacer públicos los expedientes de contratación y licitación, así como de dar los nombres de las empresas.

 

Los delitos que señalan son abuso de autoridad, tráfico de influencias, incumplimiento de un deber legal, uso ilícito de atribuciones y facultades.

 

Al respecto el coordinador de la fracción, Sergio Hernández, aseguró que los funcionarios estatales violaron varias leyes y los contratos son irregulares y poco transparentes.

 

Aseveró que igualmente hay violaciones a la Ley de Disciplina Financiera, la Ley de Transparencia, Ley de Adquisiciones y la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre otras.

 

De acuerdo con Hernández el gobierno estatal estaba obligado a pedir autorización al Congreso del Estado para suscribir el arrendamiento por las 110 patrullas, no obstante todos los movimientos se hicieron en la opacidad.

 

“La Ley de Disciplina financiera establece que para la contratación de Arrendamiento Financieros se debe solicitar autorización al Congreso del Estado, y por supuesto esto no sucedió”.

 

Agregó que también se desconoce si realmente el gobierno contrató a las empresas bajo los mejores términos, puesto que la información no es pública pese a que no hay dictamen para establecer los expedientes como reservados.

 

Añadió que se usan como pruebas varias declaraciones de los funcionarios implicados, así como algunos expedientes, adelantando que también podrían presentar denuncias por la concesión a una empresa para que se haga cargo de los alimentos que se otorgan en los penales a los reos.

 

“Vamos a denuncias, estamos tomando cartas en el asunto; así estaremos señalando en cada uno de los sectores”, anunció el legislador.

 

Finalmente recordó que han solicitado las comparecencias del titular de la Sefiplan, así como del titular de la SSP; no obstante los diputados de Morena se oponen a llamarlos al Congreso. Igualmente dijo que acudirán al Sistema Estatal Anticorrupción.