Redacción- 2019-05-0908:12:33- Imagen del Golfo

 

Mientras los veracruzanos vivían en la peor inseguridad durante el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, su fiscal general, Jorge Winckler Ortiz, se paseaba por el estado a bordo de camionetas blindadas rentadas y pagadas con recursos públicos de todos los ciudadanos.

 

Y esa adquisición no pasó por ningún proceso administrativo de cotización y demás requerimientos, sino que bastó con el Acuerdo ORD/01/-001 en enero del año 2018, referente a una solicitud para llevar a cabo el arrendamiento de una camioneta blindada para el uso exclusivo del titular de la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con recursos estatales, bajo la modalidad de adjudicación directa por excepción de ley, por un pago de 626 mil 400 pesos mensuales, incluido el impuesto al valor agregado.

 

 

 

 

 

 

Así lo expuso en su oportunidad la entonces Oficial Mayor, Gabriela Reva Hayón, al justificar que en el parque vehicular estatal no se disponía de unidades blindadas óptimas y en consecuencia se tenía que arrendar, “porque no se puede dejar sin protección al C. Fiscal General y más por la situación que se vive en el estado de Veracruz”.

 

Así se estableció en el acta de la primera sesión ordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenación de Bienes de la Fiscalía General del Estado.

 

No fue el único caso, según una investigación de ONEA México, también se autorizó el arrendamiento de una segunda camioneta por la cual se pagarían anualmente 2 millones 47 mil 980 pesos.

 

El Fiscal Anticorrupción, Marcos Even Torres Zamudio debería también iniciar carpeta de investigación – de manera oficiosa- por los recursos erogados por estas patrullas blindadas.

 

Y aún hubo más. En ese mismo 2018 y tras la derrota de Miguel Ángel Yunes Márquez en su búsqueda de suceder a su padre en la gubernatura, Miguel Ángel Yunes Linares autorizó el 1 de octubre el que una camioneta tipo Suburban blindada, marca Chevrolet modelo 2013, con placas YKJ1099 y propiedad de la Secretaría de Seguridad Pública fuera entregada en comodato a la Fiscalía General del Estado por tiempo indefinido.

 

Es decir que mientras en su calidad de gobernador Yunes Linares hablaba de mejoría en la seguridad del estado, Reva Hayón admitía tácitamente que sí había inseguridad.

 

Y ninguna de las voces que cuestionan al gobierno actual se hizo escuchar en esa ocasión.

 

 

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