Místicos y Terrenales

Marco Antonio Aguirre Rodríguez

  • Argumentos baladíes de SSPVer para ocultar contratos de patrullas
  • Casi el doble de lo que se pagó por las patrullas compradas, se pagará por las arrendadas
  • La IP quiere un empresario en Sedecop

La Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz (SSPVer) se niega de manera reiterada a transparentar las operaciones financieras con las que se adquirieron las 160 patrullas recién entregadas.

Incluso, la información referente a la compra de 50 patrullas y el arrendamiento de otras 110 la declararon reservada por 5 años.

Y lo hicieron en un proceso más que acelerado.

El 21 de mayo Aurelia González Obeso, la encargada de la Oficina de Adquisiciones, le manda una “tarjeta” al Lic. (no dice en qué) Rafael García Vizcaíno, el Jefe del Departamento de Recursos Materiales de la SSPVer, en la que le pide que se clasifique como “restringida” la información sobre la compra y arrendamiento de las patrullas.

El 23 de mayo se realiza la reunión del “Comité de transparencia” de la SSPVer y “acuerdan” como “Periodo de reserva” de la información 5 años.

ARGUMENTOS BALADÍES DE SSPVER PARA NO RESPONDER. Cinco años, mucho más de lo que durará el contrato de arrendamiento, que es por tres años.

Ente sus argumentos para no entregar la información apuntan:

“… dar a conocer dicha información, implicaría revelar características técnicas y georreferenciación de los bienes adquiridos”.

¿Quién les pidió que dijeran dónde estarán las patrullas en cada momento?. Nadie.

También dicen que: “Aunado a lo anterior, produciría efectos contrarios a los fines buscados a través de la investigación que realiza la Fiscalía General del Estado, por lo que su difusión puede vulnerar la conducción de las indagatorias, entorpeciendo las mismas”. ¿A poco la Fiscalía ya está investigando la compra de las patrullas?, ¿tan rápido detectaron que hay irregularidades?.

Otro de sus argumentos (textual, tal como lo ponen):

“Dado lo sensible de la información solicitada, no existe posibilidad de otorgarla en versión pública, toda vez que revelar la misma tiene como consecuencia el acceso a información relacionada con una investigación en curso”.

¿Cuál es esa investigación en curso?.

¿Restringir la información por 5 años significa que están considerando que la investigación durará ese tiempo?.

¿La Fiscalía si podrá decir cuál es esa información?.

Otro argumento para la restricción:

“Además de lo anterior, se procura no poner en riesgo la seguridad pública y el proceso deliberativo, en virtud de que al brindar la información se puede interrumpir, menoscabar o inhibir el diseño, determinación o implementación de los asuntos sometidos a deliberación (pregunta al margen ¿cuál deliberación?, ¿a poco deliberaron para ésta respuesta tan rocambolesca?), por lo que la reserva de información es directamente proporcional al cumplimiento de las disposiciones legales, actualizándose el supuesto de la fracción IV, de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones pública”.

Nada más que esa fracción IV aludida dice: “Los sujetos obligados deberán aplicar, de manera estricta, las excepciones al derecho de acceso a la información y sólo podrán invocarlas cuando acrediten su procedencia”.

Y aquí, lo único que acreditaron es su ignorancia jurídica, porque ni siquiera pudieron poner un argumento referente a la compra de las patrullas.

¿Quiénes son los encargados del “Comité de Transparencia” de la SSPVer?.

Ailett García Cayetano (hermana de la diputada federal Dorheny García Cayetano), Directora General Jurídica de la SSPVer; la titular de la Unidad de Transparencia de la SSPVer, la L.N.I. (¿qué significará eso?, ¿licenciatura en nutrición integral?) Marisela Guadalupe González Meza Rueda y Miguel Ángel Tapia Morales, secretario particular del titular de la dependencia.

El mismo 23 de mayo en que hicieron la “reserva”, ese mismo día expidieron las respuestas negando la información.

CASI EL DOBLE DE LO QUE SE PAGÓ POR LAS PATRULLAS COMPRADAS, SE PAGARÁ POR LAS ARRENDADAS. No quieren, en definitiva, que se conozcan los contratos de compra de las patrullas (aún cuando ya habían colocado el expediente en su portal de transparencia), pero sobre todo tratan de ocultar el contrato de arrendamiento de 110 patrullas, el cual puede ser por un monto superior a los 168 millones de pesos, según la información oficial difundida previamente.

Esto es, cada patrulla estará costando por arrendamiento 1 millón 527 mil 272 pesos.

Casi el doble de lo que se pagó por las patrullas compradas, 798,800 pesos por unidad.

El reservar la información sólo es una argucia para retrasar y maquillar la información, porque finalmente tendrán que hacerla pública.

El 8 de mayo en la página de transparencia de la Secretaría de Seguridad Pública se colocó el contrato de compra de 50 patrullas, el cual indica que las mismas se adquirieron en Automovilística Andrade, de la Ciudad de México (https://misticosyterrenales.blogspot.com/2019/05/misticos-y-terrenales-corrupcion-en.html )

Fue una licitación dirigida, porque las características de las patrullas son las de las camionetas Ford F-150 2019, doble cabina, descritas desde la convocatoria.

Tan sólo con eso ya hay irregularidades en los procesos de licitación.

Luego, como muestra más evidente de que todo estaba preparado hubo 3 “empresas invitadas” que no se dedican a la distribución e vehículos: Abastecedora Darel (computación); Puvexa Comercializadora (intermediaria en comercio al por mayor); y Semideg (constructora).

Las tres fueron invitadas por Ulises Rodríguez Landa, jefe de la Unidad Administrativa de la SSPVer y con autorización del titular de la dependencia, Hugo Gutiérrez Maldonado.

La información está en el expediente que pusieron y luego quitaron, el LS-114T00000-002-19.

En esa entrevista donde el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez mueve las manos mientras dice “Uy que grave que no haya respondido” (Seguridad Pública), cdeclaró que “en cuestiones de materia de seguridad a los malandros, a los responsables de la violencia, no le podemos decir todo lo que tenemos (…) hay información en materia de seguridad que tenemos que reservar”.

Pero las especificaciones de las patrullas ya fueron difundidas en el contrato de compra de las primeras 50, ¿o acaso traen algún equipo altamente sofisticado las que se arriendan, distinto a las que se compraron?.

Vaya, en el contrato de compra de las 50 patrullas, se oculta parte del equipo que se integró a las patrullas, como el de radiocomunicación. La descripción está completamente tachada, igual que otros complementos. Son tres páginas en negro.

Pero el contrato de arrendamiento nunca lo difundieron, ahora si, ni por error.

¿QUÉ TIPO DE INFORMACIÓN TAN PELIGROSA ES LA QUE SE SOLICITÓ?. La “reserva” de la información da a entender que se solicitó información muy peligrosa, comprometedora, casi-casi con ganas de favorecer a la delincuencia.

¿Y cuál es esa información dañina que se solicitó?.

Esto:

Copia del(os) contrato(s) de arrendamiento de patrullas para la Secretaría de Seguridad Pública en 2019.

  • Copia del(as) acta(s) de asignación correspondiente al proceso de licitación para el arrendamiento de patrullas para la Secretaría de Seguridad Pública
  • Origen de los recursos con los que se pagarán los arrendamientos
  • Renglón del Presupuesto de Egresos del gobierno del estado en 2019 en el que se proyecta la adquisición de vehículos para Seguridad Pública

Todo, información muy explosiva.

Es información peligrosa de existir algún “negocio” escondido en el contrato de arrendamiento o en la licitación dirigida para la compra de las patrullas.

Rumores internos mencionan “acuerdos” entre funcionarios de la dependencia para la adjudicación de los contratos.

¿Será cierto?

Por lo pronto, éste ocultamiento de información hace que se despierten las sospechas de que algo obscuro es lo que se guarda.

Los terrenales, y hasta los místicos, nos preguntamos: ¿Qué es realmente lo que no quieren que se conozca?.

LA IP QUIERE UN EMPRESARIO EN SEDECOP. El Gobernador Cuitláhuac García nombró a Enrique Nachón encargado de despacho de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario (SEDECOP), después de que Ernesto Pérez Astorga renunció al cargo para irse como Senador en lugar de Ricardo Ahued, que será el próximo Director de Aduanas.

Mientras, representantes de la iniciativa privada de todo el estado mantienen sus pronunciamientos de que quieren a un empresario en ese puesto.

Los políticos, aún aquellos que dicen tener empresas, ya demostraron su ineficacia en ésta área, durante muchos, muchos años.

Un empresario en Sedecop, sería lógico.