Lo que pretende el Gobierno Federal es darles a las iglesias las armas de la participación social en los programas gubernamentales para aprovechar su penetración en la conciencia e ideología espiritual, a fin de que contribuyan en las tareas de reconstrucción del tejido social, roto ante la predominante embestida de la violencia.

Con buena voluntad y transparencia de intenciones, eso es fabuloso. Con actores caracterizados por su adicción al poder político, eso suena temible. El gobierno cree que podrá controlar la ambición milenaria de dinero y de poder de ciertos ministros que emplean el nombre de Dios para vivir bien y afianzar su imperio financiero. ¿Podrá?

¿Hasta dónde serán capaces de llegar los modernos apóstoles del cristianismo con manga ancha sobre rancherías, pueblos, colonias y distritos?