La designación en 2015 de Eduardo Tomás Medina-Mora Icaza como Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no cayó bien en los círculos jurídicos y judiciales. El tiempo le está dando la razón a sus impugnadores. Medina Mora no ha actuado con la honorabilidad y la moral que debe ser sustancial a un miembro del tribunal supremo del país, sino que su conducta se apega a la de un político priista voraz, amante del dinero mal habido y corrupto.

Antes de que Enrique Peña Nieto y su incondicional Senado lo designaran juez constitucional, el hoy indiciado fue embajador de México en Estados Unidos y el Reino Unido, procurador general de la República, secretario de Seguridad Pública Federal y director general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

Así que su llegada a la Corte fue una de esas gigantescas irregularidades en que alguien es investido sin que haya jamás ejercido la función jurisdiccional.

Los resultados están a la vista. Desde 2015, ha recibido al menos 102 millones de pesos en transferencias bancarias hechas desde México a bancos de Estados Unidos e Inglaterra, según reportes de “actividad sospechosa” realizados por la Agencia de Investigación Criminal de Gran Bretaña (NCA, por sus siglas en inglés) y el Departamento del Tesoro estadounidense, citados por el periodista Salvador García Soto en su columna publicada en el diario El Universal este miércoles.

Aún es inocente, pero debe estar consciente de que cuando intervienen los gobiernos de naciones con un alto desarrollo en la prosecución y juzgamiento de los delitos, como es el caso de aquellas que lo tienen en observación, lo más seguro es que sea sometido a juicio.