Con mucha pompa la Secretaría de la Función Pública anuncia que se inhabilitaron a 400 exfuncionarios públicos. Las inhabilitaciones van de los 10 a los 15 años. También anunció Irma Eréndira Sandoval, titular de la Función Pública, que se resarcirán 656 millones de pesos, lo que en promedio sería un millón 640 mil pesos por funcionario inhabilitado. A estos funcionarios se les inhabilita por los malos manejos financieros en las dependencias en las que trabajaron; en pocas palabras, por robar.

Entre los inhabilitados está Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, un funcionario que robó cientos de millones de pesos. Tan sólo la casita que le regaló Alonso Ancira, Altos Hornos de México, como agradecimiento por comprarle su chatarra a precio de oro cuesta 37 millones de pesos, más 25 millones en efectivo de bono extra. Y así muchos otros funcionarios que se enriquecieron ostensiblemente, causando un daño patrimonial enorme.

Y su castigo, inhabilitarlos por 10 o 15 años, cuando lo que robaron les alcanzaría para vivir hasta 10 vidas completas a todo lujo. Lo que la sociedad quiere es que estos sujetos paguen con prisión, y que sirvan de ejemplo para que a futuro otros funcionarios se la piensen dos veces cuando de robar el presupuesto se trate.

LBP Noticias